28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El sistema fue cedido por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut
El MPF comenzará a implementar un nuevo software de gestión de casos penales
La procuradora general destacó que el nuevo sistema -denominado "Coirón"- será de fácil adaptación al modelo acusatorio. En una primera etapa, se utilizará en las jurisdicciones de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Procuraduría de Narcrocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal de Cibercrimen (UFECI).

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, estableció que la herramienta informática “Coirón” será el sistema de gestión de casos penales para todas las oficinas del Ministerio Público Fiscal, cuya implementación comenzará en marzo de este año en los distritos fiscales de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Procuraduría de Narcrocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal de Cibercrimen (UFECI).

En la resolución PGN 320/17, Gils Carbó explicó que el software puede ser utilizado para el actual sistema inquisitivo, pero que es “de fácil adaptación a la futura y compleja agenda de implementación del modelo acusatorio”, producto del trabajo que viene desarrollándose desde su cesión en 2015 por parte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut (MPFCH), organismo con más de una década de experiencia en el sistema que será implementado a nivel federal.

Desarrollo

La procuradora general destacó “la ventaja de contar con operadores ya capacitados y familiarizados con la herramienta frente a las necesidades del nuevo paradigma”. Para ello, recordó, se conformó un equipo de proyecto integrado por la Secretaría de Coordinación Institucional, la Dirección General de Desempeño Institucional, la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías, la Dirección de Comunicación Institucional, la Dirección General de Capacitación Estratégica y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Dirección de Relaciones Institucionales, la Asesoría Jurídica del organismo y la UFECI.

Tras ello se realizaron dos etapas de testeo con la UFECI y la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de  Salta. Luego, se llevaron a cabo actividades de entrenamiento e implementación inicial en los Distritos Fiscales Federales de Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, “a los efectos de contar con mayores datos y conocimientos sobre las necesidades del organismo respecto de la herramienta y garantizar su correcta implementación definitiva”. Además, se conformó un Consejo Consultivo integrado por magistradas y magistrados de diversos ámbitos de actuación y con representación federal, para analizar el enfoque y diseño estratégico del sistema, proponer mejoras, prestar apoyo y orientar las tareas realizadas.

Hacia un modelo acusatorio

Frente a la sanción de la ley 27.063 -que promulgó un nuevo Código procedimental de corte acusatorio-  resultó además imprescindible adoptar una decisión sobre qué herramientas informáticas requería el Ministerio Público Fiscal de la Nación para afrontar los desafíos de la implementación de un nuevo sistema procesal y organizacional y de aquellos más complejos que surgen de las funciones de investigar la criminalidad organizada típica del ámbito federal (trata y explotación de personas, narco criminalidad, corrupción, hechos de lesa humanidad, violencia institucional y criminalidad económica, entre otras).

Además, la nueva ley orgánica (27.148) ha consagrado una organización asentada sobre principios autónomos de flexibilidad y dinamismo, y demanda un nuevo rol en el proceso penal (diferente al modo en que actualmente se desarrollan las tareas de “instrucción”). En especial, estableció principios y pautas rectoras respecto de la gestión de información del organismo (art. 9, inc. “h”).

Por lo tanto, en la actualidad existen requerimientos de contar con una herramienta ágil y orientada a una multiplicidad de procesos de trabajo que exceden el trámite del “expediente”. De forma relevante, resulta imprescindible gestionar información criminal de calidad para dar soporte a las investigaciones y el litigio en general, de acuerdo al principio de unidad de actuación.