Atravesar la frontera entre consigna y realidad suele ser difícil, sobre todo a la hora de modificar procedimientos y prácticas institucionales. En menos de un año, desde mayo de 2013, la Procuración General de la Nación convocó diez concursos para cubrir 38 vacantes de fiscal ante distintos fueros y una de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó se concluyeron los trámites y se aprobaron 13 concursos para 36 puestos disponibles, cuyas ternas ya fueron elevadas al Poder Ejecutivo. Las comparaciones suelen ser odiosas pero efectivas a la hora de evaluar resultados: el récord anterior se había registrado en 2011, con diez concursos aprobados para 24 vacantes.

El Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal, aprobado por la procuradora General en abril del año pasado, procuraba adecuar el procedimiento de concursos públicos de oposición y antecedentes a la “búsqueda de un nuevo perfil de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y eficiente; apto para intervenir en procesos cada vez más orales, pero también más complejos jurídica y técnicamente”. Otro de los objetivos fue justamente imprimirle mayor celeridad al procedimiento, que con el régimen anterior demoraban un promedio de dos años.

Si de agilidad se trata, los resultados están a la vista: la inscripción a los primeros dos concursos impulsados por la procuradora General se realizó en junio de 2013 y las ternas ya fueron elevadas al PEN. La tercera convocatoria cerró en julio del año pasado y ya se encuentra en la instancia de los controles de aptitud psico-física, de modo que las ternas serán enviadas al Ejecutivo en las próximas semanas.

Por otro lado, en el último año juraron 32 nuevos fiscales y la mayoría de los 114 cargos que aún permanecen vacantes se encuentra en proceso de concursos en trámite, o con ternas elevadas a Poder Ejecutivo o pliegos a consideración del Senado. Solamente restan 27 puestos sin concursar.

Otro de los récords de esta gestión es la cantidad de personas inscriptas, que demuestra ampliamente cumplido el objetivo de la publicidad y la igualdad de oportunidades que se planteó el nuevo Reglamento. En los primeros nueve concursos abiertos, participaron más de 700 personas. La mayor atención estuvo puesta en las convocatorias 97, 98 y 102. En el primer caso, 155 aspirantes se presentaron para cubrir siete cargos en distintas fiscalías de la Provincia de Buenos Aires. En el segundo, 130 candidatos/as pujaron por ocho vacantes a cubrir en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. En el tercero, 129 personas se inscribieron para concursar por dos fiscalías federales vacantes en la Capital Federal.