El lunes 20 de octubre, participaron Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y el fiscal designado punto focal de la procuración General de la Nación en materia de ciberdelincuencia, Horacio Azzolín, de los intercambios con las y los docentes organizados en conjunto entre el Ministerio Público y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).

Mángano abordó los lineamientos relativos a la identificación de personas -en particular el universo de niñas, niños y jóvenes- que pueden encontrarse en situación de explotación sexual o laboral y de trata de personas. Asimismo, se desplegaron las herramientas y recursos que existen para prevenir y denunciar esas situaciones. En ese marco, se socializaron las pautas a tener en cuenta al momento en que una persona desaparece porque las primeras horas son vitales y no se debe esperar para realizar la denuncia y el Estado tiene la obligación de investigar.

Por su lado, el fiscal Azzolín centralizó su presentación en los cuidados, prevenciones y recomendaciones prácticas para hacer un uso responsable de las redes sociales que, en algunos casos, pueden ser utilizadas como medio para cometer algún delito. En efecto, la falta de conocimientos tecnológicos acabados y la falta de tiempo para advertir situaciones de control, por ejemplo a través de intentos de acceso a la información que se encuentra alojada en un ordenador, representan dos factores claves que facilitan los ciberdelitos.

En el encuentro del 27 de octubre, Rocío Rodríguez Fortes y Paloma Ochoa del Programa sobre Políticas de Género focalizaron sus presentaciones en el derecho a la identidad de género y en las estrategias y recursos para visibilizar situaciones de violencia y, en consecuencia, iniciar procesos para desarrollar intervenciones que permitan desarmar esas situaciones. Resultaron más que interesantes los aportes de las referentes del Programa que destacaron la relevancia de trabajar desde los apoyos en las normativas de protección de derechos, de construir estrategias en red, de coordinar acciones que contemplen las intervenciones de las y los operadores del sistema de justicia que eviten la legitimación de violencias y desigualdades.

Las reflexiones sobre las dos presentaciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación confluyen en la importancia del rol de la escuela en cuidar, visibilizar, prevenir desde la comunicación y difusión en las comunidades educativas las situaciones de violencia, en las que otros actores institucionales, como las y los operadores jurídicos, son responsables de investigar, perseguir los delitos y salvaguardar los derechos de las víctimas.