A continuación reproducimos el texto completo de la solicitada:

Fiscales de cara a la sociedad

Los y las fiscales y funcionarios que suscribimos este documento nos manifestamos frente a las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales. Nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros. Muchos de los firmantes formamos parte de esas organizaciones pero no hemos sido consultados sobre el contenido de sus comunicados, de los cuales pretendemos diferenciarnos.

Esas expresiones se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales y constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal.

En el marco de este modelo –que impera en el resto del continente-, las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad.

Desde el inicio de la actual gestión, encabezada por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, se han creado equipos especializados para los temas más sensibles de persecución penal -las Procuradurías de Narcocriminalidad, Violencia Institucional, Criminalidad Económica, Trata de Personas y Lesa Humanidad y el Programa de Género-, cuyos resultados hoy están a la vista de toda la sociedad. También se pusieron en funcionamiento las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajos), ubicadas en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires; la nueva Dirección de Orientación y protección a las Víctimas (Dovic) y las áreas técnicas de apoyo a los fiscales de todo el país, con el soporte de aplicaciones tecnológicas para el análisis criminal.

A la vez, la creación de los distritos fiscales en las provincias representa una dinámica nueva de trabajo articulado entre las fiscalías federales, provinciales y autoridades locales, destinada a generar una reacción planificada e inmediata de un Ministerio Público organizado para enfrentar la criminalidad de manera homogénea en todo el país.

Estos equipos de trabajo -desarrollados con estructuras similares desde hace décadas en todos los países de la región pero inexplicablemente ausentes hasta ahora en Argentina-, están integrados por expertos y profesionales de diversas disciplinas, muchos de ellos con trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, que aportan un valor fundamental para incrementar la productividad y la eficiencia en el proceso penal, en la atención a víctimas y testigos y en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

En este contexto, la designación de fiscales subrogantes, cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia-, la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad. Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales.

El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones, revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho.

Firman:

Adler, Daniel (fiscal general); Alagia, Alejandro (fiscal general); Amad, Carlos Martin (fiscal general); Auat, Jorge (fiscal general); Baigún, Gabriela (fiscal general); Barbosa, Vivian (fiscal general); Carniel, Federico (fiscal general); Castro, Julio (fiscal general); Córdoba, Abel (fiscal general); Friele, Guillermo (fiscal general); García Berro, Marcelo (fiscal general); García Lois, Adrián (fiscal general); Gonella, Carlos (fiscal general); Maldonado, Francisco (fiscal general); Molina, Rodolfo Marcelo (fiscal general); Osorio, Miguel Angel (fiscal general); Palazzani, Miguel (fiscal general); Parenti, Pablo (fiscal general); Prieto, María Cristina (fiscal general adjunta); Reynares Solari, Federico (fiscal general); Sabas Herrera, Mario (fiscal general); Schapiro, Hernán (fiscal general); Snopek, Francisco (fiscal general); Vega, Dante (fiscal general); Villatte, Adolfo (fiscal general).

Abraldes, Sandro (fiscal); Agüero Vera, Marcelo (fiscal); Azzolin, Horacio (fiscal); Caamaño, Cristina (fiscal); Camuña, Pablo (fiscal); Crous, Félix (fiscal); De la Fuente, Aldo (fiscal); De Vedia, Gabriel (fiscal); Domínguez, Federico (fiscal); Domínguez, Juan Manuel (fiscal); Ferrini, Flavio (fiscal); Gambacorta, Mario (fiscal); García, Hernán (fiscal); García Padín, Guillermina (fiscal); García Yohma, Diego (fiscal); Garzón, C. A. Indiana (fiscal); Gomez Barbella, Leonel (fiscal); Guerberoff, Emilio (fiscal); Iglesias, Diego (fiscal); Katok, Claudia (fiscal); Martínez Burgos, Marcelo (fiscal); Mazzaferri, Laura (fiscal); Pablovsky, Daniel (fiscal); Portela, Juan Manuel (fiscal); Rodríguez, Walter (fiscal); Saccone, Adriana (fiscal); Reynoso, Santos (fiscal); Ruiz Morales, María Gabriela (fiscal); Salum, Roberto (fiscal); Senestrari, Enrique (fiscal); Vehils Ruiz, Rafael (fiscal); Villalba, Eduardo (fiscal); Vidal Lascano, Gustavo (fiscal); Vismara, Santiago (fiscal); Yapur, Ariel (fiscal); Zoni, Juan Pedro (fiscal).

Alcaraz, Fernando (fiscal subrogante); Baric, José (fiscal subrogante); Beute, Cristina (fiscal subrogante); Colla, Lucas (fiscal subrogante); Degiovanni, Marcelo (fiscal subrogante); Giménez, Orlando (fiscal subrogante); Larriera, Pablo (fiscal subrogante); Miguel Carmona, María Virginia (fiscal subrogante); Mola, Sergio (fiscal subrogante); Pelazzo, Pablo (fiscal subrogante); Romero, Walter (fiscal subrogante); Santoni, Patricia (fiscal subrogante); Trotta, Facundo (fiscal subrogante).

Fernández de Cuevas, Verónica (fiscal ad hoc); Nebbia, José Alberto (fiscal ad hoc); Nogueira Juan (fiscal ad hoc); Rodríguez, Horacio Francisco (fiscal ad hoc); Sivila, Juan Manuel (fiscal ad hoc); Soiza Reilly, Mercedes (fiscal ad hoc); Vigay, Diego (fiscal ad hoc)… Y siguen las firmas.