La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el fallecimiento del oficial Principal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba Juan Antonio Alós, “debe integrarse a las investigaciones llevadas a cabo por la justicia federal por los delitos de narcotráfico, asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y exacciones ilegales por parte de un grupo de policías provinciales”.

Para esto, la jefa de los fiscales puntualizó que Alós había sido encontrado sin vida el 7 de septiembre de 2013 dentro de un móvil policial, “en un lugar descampado, en momentos previos a brindar explicaciones en el marco del proceso, sumado a que el vehículo en que se encontró el cuerpo fue higienizado el mismo día del hecho, no se detectó la presencia de plomo, bario y antimonio en las manos de la victima, y en el caso fue necesario solicitar una consigna policial para resguardo de los restos del oficial en el cementerio de la ciudad”.

De esta manera, Gils Carbó entendió que debido a que los “hechos podrían haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo”, correspondería que sean juzgados “por un único magistrado en favor de una mayor, más efectiva y eficaz administración de justicia”.

El conflicto de competencia

Tanto el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 como el Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Alta Gracia, ambos de la provincia de Córdoba, pretendían investigar la causa del fallecimiento de Alós, uno de los agentes sospechados por la presunta connivencia entre miembros de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, con organizaciones de esa provincia vinculadas con la narcocriminalidad.

En un primer momento, el magistrado Federal Ricardo Bustos Fierro, a pedido del fiscal Federal Enrique Senestrari, había solicitado a su par provincial que se inhibiera de continuar entendiendo en la investigación por la muerte de Alós, “por existir cuestiones de conexidad objetiva y subjetiva con la causa que tramita bajo su órbita”. Sin embargo, el juez provincial rechazó la conexidad y, en consecuencia, no aceptó la inhibición planteada por el magistrado federal.

Por su parte, para sostener la competencia federal, Senestrari había manifestado que existían sospechas acerca de que el oficial Principal podría haber sido víctima de un homicidio por parte de integrantes de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, “quienes podrían haber causado su muerte con la finalidad de evitar que se presentara ante la justicia a prestar testimonio sobre las actividades ilícitas e involucrar a sus colegas”.

Sobre este punto, la Procuradora General remarcó que “varios indicios que surgen del expediente impiden descartar que la muerte de Juan Alós sea un eslabón más de los hechos de complicidad policial en el tráfico de estupefacientes que investiga la justicia federal”.

Recordó también que Alós quería ponerse a disposición de la justicia federal tras la emisión del programa periodístico ADN de Córdoba, en el cual fue involucrado en graves hechos de corrupción policial. “Esta declaración que Alós habría pensado en ofrecer a la justicia, se frustró con su desaparición física”, agregó Gils Carbó.

Irregularidades en la investigación provincial

Para la titular del MPF, la tesis de que la muerte de de Alós “se trata de otro episodio de los mismos hechos investigados puede deducirse de las irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por el fiscal provincial y la policía de Córdoba”. Así, resaltó que, según el acta policial, el cuerpo había sido encontrado por el agente José Contreras, quien dio aviso a las autoridades. Aproximadamente a las 04:30 arribó el fiscal provincial Emilio Drazile, abrió el vehículo, detuvo el motor, apagó las luces y sacó las llaves. Todo eso lo realizó en ausencia de la Policía Judicial, que recién se presentaría en el lugar dos horas después que el fiscal, para realizar sus tareas de conservación de la prueba y toma de muestras.

Una vez concluidas, Drazile ordenó que se hicieran entrega de todos los objetos pertenecientes a Alós y del vehículo al Jefe del Departamento del Interior de Drogas. El libro de guardia secuestrado en la División Drogas Peligrosas da cuenta de la directiva de lavar el móvil policial donde fue encontrado sin vida Alós, el mismo día del hallazgo del cuerpo.

Por otra parte, Gils Carbó evaluó que sobre los elementos secuestrados surgían contradicciones entre la declaración de Contreras y la inspección ocular, donde figura que se secuestraron dos computadoras, en contraposición con el acta de secuestro efectuada por la Oficial de la Policía Judicial, Sandra Susana Vera, en donde mencionó una sola computadora.

Asimismo, dos días después de la muerte, el fiscal Drazile solicitó al juez el examen para la apertura de los elementos secuestrados en los que volvió a figurar solamente una computadora.

Pero las irregularidades no terminarían ahí. De la intervención telefónica que se hizó sobre el celular del policía Mario Osario, surgió una llamada durante la mañana del 9 de septiembre, en la que una tía de Alós o de su mujer, se comunicó con Osario y le dijo, entre otras cosas, que había sido asesinado para evitar que declarara. A esto se sumó, recordó la Procuradora General, que en el caso fue necesario solicitar medidas de resguardo en el cementerio, “dado que surgió de una intervención telefónica una conversación entre dos personas que pensaban trasladar el cuerpo del Oficial a otro lugar”.