La procuradora general encabezó en el salón Nelly Ortíz de la sede de Avenida de Mayo de la Procuración General el acto de homenaje a 35 años de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribó al país en 1979, en plena dictadura cívico-militar. Alejandra Gils Carbó estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el relator para Argentina y comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi; el legislador porteño y ex secretario de la Comisión, Jorge Taiana, y la titular de Memoria Abierta, Valeria Barbuto. Además, estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el integrante de la Cámara Federal que juzgó a los militares León Arslanian; el director del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, y referentes de organismos de Derechos Humanos.

La titular del MPF destacó el trabajo realizado por la CIDH y agradeció la tarea “que fue fundamental para empezar a derrumbar la dictadura cívico-militar que azotó al país”. La procuradora enfatizó que el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina es “inédito” y que no se detiene y destacó las investigaciones sobre la complicidad civil y los delitos sexuales y su componente de género. Por último, reconoció el trabajo de los familiares de las víctimas, cuyas palabras “impulsan día a día nuestra acción”.

Valeria Barbuto relató cómo fue el proceso de recepción de denuncias de la Comisión, al cual calificó como “un hito en las acciones de denuncia internacional, que además permitió descartar la teoría de los excesos”.

Luego, el legislador porteño Jorge Taiana –quien estuvo detenido en el penal de Rawson durante la dictadura cívico-militar y fue entrevistado por miembros de la Comisión- hizo mención a la importancia de la visita de la CIDH no sólo en el plano internacional, sino también en el local, para visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el aparato represivo del Estado y que el gobierno de facto intentaba esconder. Destacó también que la tarea llevada adelante en la Argentina por la delegación “ayudó a autoconstruir a la CIDH como actor de peso en la región en materia de derechos humanos” y el valor del trabajo de los actores civiles para lograr que el operativo, que incluyó Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario, se concrete con éxito. Taiana coincidió con Gils Carbó en resaltar el componente civil del gobierno militar: “Ahora comenzó a hablarse de 'dictadura cívico-militar'”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, puntualizó que es necesario “reconocer el valor histórico de la visita y el coraje de los familiares que se animaron a denunciar, aun bajo el riesgo enorme de que exista una represalia por hacerlo”.

Finalmente, Paulo Vannuchi, agradeció en nombre de la Comisión la realización del acto y resaltó que la experiencia de Argentina fue pionera en materia de derechos humanos en la región y que es un ejemplo para el resto de los países. Además, destacó la necesidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado y de abordar los desafíos actuales, entre los que mencionó la situación de las personas privadas de su libertad, la violencia institucional y las disputas por la soberanía económica, como el caso de los llamados “fondos buitre”.

El 6 de septiembre de 1979, una comitiva de la CIDH arribó al país a partir de las numerosas denuncias de familiares de detenidos-desaparecidos para inspeccionar los centros clandestinos de detención, entrevistar a presos políticos y recibir a los familiares. Durante su estadía, sesionó en la actual sede de Avenida de Mayo 760 de la Procuración. Durante la visita de la delegación, el gobierno militar modificó numerosos centros clandestinos de detención, tales como “La escuelita” en Bahía Blanca y “Esma” y “El Vesubio”, en Capital Federal para esconder las pruebas de las desapariciones y torturas.