Este mediodía, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó un convenio con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, representada por su presidente, Christian Miño, que permitirá vincular, a través de ATAJO, a las más de 3000 cooperativas que integran la organización gremial con el Ministerio Público Fiscal en todo lo relativo al efectivo ejercicio de sus derechos laborales. “Queremos que el Ministerio Público cumpla un rol importante ante las asimetrías y levantar la voz de personas o sectores que se ven afectados por situaciones o cambios de coyuntura que agudizan sus problemas cotidianos”, subrayó la titular del MPF.

Acompañaron a la procuradora, el director general de Acceso a la Justicia, Julián Axat; la fiscal Gabriela Boquín, a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Comercial y del Programa para la Protección de Consumidores y Usuarios del Ministerio Público Fiscal, y la titular de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, Judith König.

Junto a Miño asistieron los representantes de 23 federaciones de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

El acuerdo persigue el efectivo resguardo de los derechos laborales y sociales de las personas que forman parte de estas cooperativas, al tiempo que impulsa la formación y promoción de derechos a través de intercambio mutuo de experiencias y conocimientos técnicos entre la procuración y la Confederación.

La CNCT es una organización gremial de tercer grado que agrupa a 46 federaciones de cooperativas de trabajo de todo el país, con presencia en todas las provincias. Según expresó su presidente, “sentimos que somos trabajadores, pero algunos nos miran como un sector marginal”.

Durante el encuentro, los representantes de las federaciones arribados especialmente a Buenos Aires para la firma del convenio narraron brevemente las dificultades que atraviesa el sector. Todos, luego, destacaron la importancia del convenio.

En tanto, Raúl Ibáñez, de la Federación de Cooperativas de Santa Fe, destacó el trabajo de la procuradora desde el inicio de su gestión.

Finalmente, la fiscal Gabriela Boquín comprometió toda la ayuda que esté a su alcance a través del Programa para la Protección de Consumidores y Usuarios del MPF.