En el acto realizado ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, Gils Carbó sostuvo que a 20 años de la reforma constitucional -y en gran medida como consecuencia del Código procesal semi inquisitivo-, "los principios rectores de independencia y autonomía no se han cumplido en su totalidad, se mantiene la indefinición legal sobre quién va a estar a cargo de la investigación y esta indeterminación afecta las garantías procesales”.

En la misma línea, la Procuradora General insistió en la necesidad de que se implemente el sistema acusatorio y remarcó que “fue la Constitución de 1994 la que por primera vez otorgó al Ministerio Público identidad, independencia, autonomía funcional y autarquía financiera", aunque cuestionó que este último punto nunca fue realizado. Además, señaló que la ley orgánica sancionada en 1998 terminó de reforzar la estructura propia, independiente tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que "nunca se modificó la organización refleja del Ministerio Público con el Poder Judicial".

"Este sistema mantiene un déficit estructural que resta eficiencia a las investigaciones y a la persecución penal en general porque como la ley no define cuál de los dos organismos va a tener a su cargo la investigación, ni las fiscalías ni los juzgados están dotados de estructuras propias para investigar", agregó la procuradora General.

Al respecto, la titular del MPF señaló que “de esta manera, las policías son las que deciden qué delitos se investigan, cuáles son las pruebas y quiénes son los autores; y que esta dependencia nos permite subrayar algunas cuestiones relevantes: en primer lugar, la falta de autonomía real del Ministerio Público Fiscal". Pero fue más allá: "La dependencia de las fuerza de seguridad impregna todo el sistema y convierte a jueces y fiscales en auxiliares letrados de la policía".

Gils Carbó concluyó que "como responsable del Ministerio Público Fiscal no puedo ni quiero quedarme con los brazos cruzados lamentando las limitaciones del esquema normativo actual; por eso desde mi llegada a la Procuración General decidimos aprovechar al máximo el sistema procesal vigente, a pesar de las deficiencias que he señalado, aprovechando todos los mecanismos para poder defender a la sociedad de los delitos más graves". Al respecto destacó la creación de las procuradurías especializadas en Narcocriminalidad (Procunar), Trata y Explotación de Personas (Protex), Lesa Humanidad, Violencia institucional (Procuvin) y Criminalidad Económica (Procelac), a las que se suma el trabajo de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal y el Programa de Género, así como las áreas auxiliares de análisis criminal, desempeño institucional, recupero de activos, informática estratégica y asistencia a víctimas, entre otras.

La Procuradora General compartió la apertura del evento con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien se refirió a la autonomía lograda ´por la defensa pública a partir de la reforma constitucional. Al respecto sostuvo que “somos quienes más debemos agradecer la reforma del '94 porque eramos la cenicienta, ser defensor era el premio consuelo para quienes no podían ser jueces o fiscales”.

Además, Martínez destacó que a partir del fortalecimiento de la defensa pública, la oralización de los procesos y la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos "el derecho a la defensa dejó de ser sólo es un derecho procesal para convertirse en un derecho humano que se debe respetar".

Luego de la apertura tuvo lugar el primer panel de la jornada, dedicado a “La autonomía del Ministerio Público a veinte años de la reforma constitucional”. Allí disertaron los constituyentes de 1994 Jorge de la Rúa, Marcelo Guingle, Antonio María Hernández y Hugo Rodríguez Sañudo.

A continuación se presentó el miembro del Comité de DESC de Naciones Unidas, Rodrigo Uprimny quien disertó sobre “El rol del Ministerio Público en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.