"No habrá un solo paso atrás, porque llevamos adelante un mandato colectivo que contribuye al fortalecimiento de nuestras instituciones", aseguró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y puntualizó: "Asumí el rol de garante de ese proceso". La jefa de los fiscales disertó en la apertura del Coloquio Regional a 40 años de la Operación Cóndor, un encuentro que reúne desde ayer hasta hoy a investigadores, funcionarios y fiscales de los países miembros del bloque regional para la búsqueda de estrategias y la articulación en la investigación del fenómeno criminal que vinculó a las dictaduras del Cono Sur en la persecución de disidentes políticos.

Gils Carbó habló junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, en el Salón Libertador de la Cancillería. En su discurso, la titular del MPF contrastó los cambios históricos en la región: "Así como hace 40 años, las autoridades públicas de los países del Cono Sur se organizaron y dieron forma a la Operación Cóndor para perseguir y reprimir a los opositores políticos y los militantes sociales, las democracias de estos mismos países hoy se reúnen, se articulan y se ponen de acuerdo para promover políticas de derechos humanos y colaborar en los procesos de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de aquellas dictaduras sangrientas. Este coloquio que inauguramos es prueba del avance producido en ese sentido".

El Ministerio Público Fiscal es, a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, organizador de este coloquio regional, junto a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro tiene el auspicio del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, cuya sede, situada en las instalaciones del Espacio Memoria y Derechos Humanos (en la ex ESMA), reunirá hoy a los participantes en las jornadas de deliberación en torno al Cóndor.

Gils Carbó recordó que el coloquio es uno de los mandatos emanados la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. La procuradora subrayó que desde este foro, que reúne dos veces por año a los Ministerios Públicos de la región, se vienen concretando diferentes avances en materia de articulación de la investigación de crímenes de lesa humanidad. Por un lado, desde la REMPM se han impulsado la “Guía para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos” y la "Guía de actuación para los ministerios públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes internacionales, en particular de crímenes de lesa humanidad". También, desde allí se firmaron convenios de cooperación con Brasil y Ecuador para la puesta en marcha de equipos conjuntos de investigación sobre los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

La procuradora general también destacó que el proceso de verdad y justicia en Argentina "es reconocido a nivel mundial, porque los responsables están siendo juzgados por tribunales ordinarios, sin intervención de tribunales ad hoc ni especiales, y porque se utilizan las leyes del momento en que se cometieron los hechos, respetando de modo integral las garantías del debido proceso". Ese aspecto fue luego resaltado por los investigadores que abrieron el primer panel del coloquio: el periodista estadounidense John Dinges, autor, entre otros, del libro "Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur", el académico uruguayo Álvaro Rico y el experto y militante brasileño de derechos humanos, Jair Krischke.

Gils Carbó señaló las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y mencionó las 622 condenas y 57 absoluciones dictadas desde 2006. La jefa de los fiscales remarcó en ese sentido que "este proceso de verdad y justicia también ha permitido recuperar la identidad de 118 personas".

Asimismo, puso de relieve el trabajo de los fiscales Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky en el juicio por los crímenes de la Operación Cóndor que se lleva a cabo desde hace más de dos años en nuestro país, y puntualizó que, además de ese debate, aún se investigan en la fase de instrucción los delitos que en ese mismo contexto represivo afectaron a 342 víctimas. Al pie de esta nota, Fiscales publica un resumen de las causas en trámite para descargar.

Gils Carbó enfatizó en el "compromiso y perseverancia" de las víctimas y los organismos de derechos humanos, que han "logrado que las autoridades públicas asumieran activamente las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas como una clara política de Estado".

La procuradora señaló que en función de esa demanda, desde que inició su gestión en la segunda mitad de 2012, creó la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado y jerarquizó la Unidad de Coordinación para casos de terrorismo de Estado convirtiéndola en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Esas iniciativas, explicó, se dieron en el marco de una política criminal orientada a la persecución de la criminalidad organizada, que incluyó la creación de otras procuradurías especializadas hasta la reciente puesta en funciones de la Dirección General de Derechos Humanos.

"El Plan Paloma"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, expresó a su turno que "nos enorgullece a todos escuchar a esta procuradora".

El funcionario nacional explicó que, como víctima del terrorismo de Estado, le "ha tocado ser un testigo más" en los juicios para "reunir el rompecabezas de hombres y mujeres que pasaron por el horror, pero que confiaron en la justicia y sobre todo en el Ministerio Público Fiscal".

Fresneda además dio la bienvenida "a los países hermanos del Mercosur" y señaló que la integración regional "ha logrado desandar" los caminos de la Operación Cóndor. En ese sentido, recordó las palabras de su antecesor en el cargo, el abogado Eduardo Luis Duhalde, quien había propuesto "crear un Plan Paloma" con los fines opuestos a la entente represiva.

"A 40 años del Plan Cóndor, el protagonismo lo tienen las democracias. Nuestros países vuelven a tener la oportunidad de ser una patria grande donde se luche por la igualdad", dijo Fresneda, al tiempo que advirtió que "en otra época, se implementaban doctrinas de seguridad nacional y ahora, los ‘planes buitre’ pueden generar tanta miseria como ocasionó el Plan Cóndor”.

"La justicia, la memoria y la verdad son deberes éticos de hombres y mujeres que no nos quedamos quietos frente las violaciones a los derechos humanos", agregó, y agradeció "en nombre del Estado argentino" la presencia de los funcionarios de la región.

Más tarde, en el panel de expertos coordinado por el director general de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, Federico Villegas Beltrán, el periodista Dinges consideró que "Argentina fue el centro de las acciones más horrorosas de la Operación Cóndor y a su vez es el país que más hace para juzgar los crímenes".

Asimismo expresó que "el Cóndor es el símbolo de la época" en un contexto en el que "los países del Cono Sur se consideraban en una tercera guerra mundial" y en el que "Estados Unidos fue el gran garante de los planes de represión masiva". "Sin la anuencia de Estados Unidos, hubiera sido imposible", consideró.

Luego, el investigador uruguayo Álvaro Rico se manifestó "orgulloso del ejemplo argentino". El académico habló de las dificultades que se debieron afrontar en su país para investigar los crímenes de la dictadura y destacó que, entre los documentos consultados, resultaron de relevancia los cables desclasificados por el Departamento Estado de Estados Unidos requeridos por la Argentina.

La Operación Cóndor tuvo su formalización con la firma de un acta el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Rico recordó que representantes militares de su país participaron de las reuniones que derivaron en la firma del acuerdo y en los posteriores encuentros organizativos.

El investigador analizó que la operación muestra la paradoja de las dictaduras de la época, que por un lado afianzaban el discurso de la "soberanía interna" y por el otro aplicaban "la extraterritorialidad represiva". Luego Villegas Beltrán le sumó otra contradicción: "los gobiernos dictatoriales colaboraban entre sí y al mismo tiempo tenían hipótesis de conflicto" entre ellos.

Rico agregó que la Operación Cóndor fue "complementaria a las lógicas represivas locales" y, en ese sentido, señaló que de 192 casos de desaparecidos en su país, 125 sucedieron en Argentina.

El brasileño Jair Krischke, en tanto, realizó un homenaje "a los valientes y altamente calificados fiscales argentinos" que investigan la entente represiva. "Vengo de Brasil, el país de la impunidad, donde no se molesta ni a un cabo de guardia", se presentó.

El histórico militante remarcó que el acta de noviembre de 1975 fue "el bautismo" del Cóndor, pero que en los hechos funcionó desde tiempo antes, y ejemplificó con casos de brasileños que fueron secuestrados en Argentina en 1970 y 1971. Krischke habló enérgicamente de esos casos, blandiendo ante el público los documentos secretos de los servicios de inteligencia brasileños que acreditan los hechos. Destacó además que dos militares de su país que habían actuado en la represión ilegal a la guerrilla de Araguaia, en 1972, fueron los representantes en el acta fundacional del Cóndor. Explicó que, tal como figura en aquel documento, los militares no firmaron porque -adujeron- su participación fue "en carácter de observadores".