“Podemos tener un nuevo Código Penal, pero si las prácticas no cambian, vamos a seguir en el mismo lugar”, afirmó la procuradora General en la presentación del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal (OPSP), una iniciativa de la Asociación Pensamiento Penal (APP). Alejandra Gils Carbó estuvo acompañada por el presidente de APP, Adrián Martín; la directora del nuevo OPSP, Indiana Guereño, y la defensora General, Stella Maris Martínez. La titular del Ministerio Público Fiscal insistió en la necesidad de una reforma del sistema semi-inquisitivo del Código Procesal Penal que en muchos casos “transforma a jueces y fiscales en auxiliares letrados de los agentes policiales”, por uno acusatorio que concrete el mandato de la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía al MPF.

La procuradora recordó un pasaje de “Los Miserables”, publicada en 1862, en el que Víctor Hugo consignó como un momento “lleno de esplendor” cuando “el derecho derroca al hecho”. Gils Carbó aprovechó también para recordar que la enseñanza universitaria “es normativista y alejada de la realidad” y consideró la creación de las procuradurías especializadas y los ATAJOs en las villas de la Ciudad de Buenos Aires como un esfuerzo del Ministerio Público para que el servicio de justicia cambie esa actitud de “dejar de mirar lo que realmente sucede” por fuera de las oficinas judiciales.

Por su parte, Adrián Martín dedicó su intervención a las “selectividades del sistema penal” y puntualizó que los operadores están “matrizados para no ver lo que es bastante evidente”. Además, el titular de APP indicó que la “pena” es una forma de “aplicar dolor” y que en la práctica se trabaja “pensando que la ley se aplica a todos por igual”.

Indiana Guereño aprovechó para destacar el trabajo de Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez en la reconfiguración del rol del Ministerio Público que hoy no solamente habla sobre el acceso a los derechos sino que busca ponerlos en práctica. La directora del nuevo OPSP explicó que decidieron poner en práctica la iniciativa “para reconocer y visibilizar las prácticas que suelen responder a reglas no escritas y que se aplican ‘porque siempre fue así’”. Además, definió a esas “malas prácticas” como “una pared que obstaculiza el acceso a derechos” y abogó por superar la encrucijada entre permanencia y cambio”.

En tanto que Stella Maris Martínez advirtió sobre el “abuso de los juicios abreviados” incentivados por los jueces en lo criminal y correccional que subrogan tribunales federales y para no retrasar los procesos “negocian” los procesos a prueba. La defensora General recordó las expectativas que generó a comienzos de los ’90 la instauración de los juicios orales, pero criticó que las víctimas “sigan siendo objetos de prueba y no sujetos de derechos”. Martínez destacó la iniciativa de APP: “La función es quitarnos la venda de los ojos. No a la justicia, sino a todos nosotros”.