La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó hoy la adecuación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a la modificación institucional que operará desde el próximo 15 de febrero, fecha establecida para la transferencia de la intercepción de comunicaciones a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este sentido, la  titular del Ministerio Público Fiscal oficializó a través de una resolución las nuevas funciones y competencias que tendrá a su cargo la DATIP. Asimismo, la decisión adoptada por la procuradora disuelve a partir del 15 de febrero las instancias de control creadas para el monitoreo y mejoramiento del funcionamiento del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), único organismo del Estado autorizado para llevar adelante intercepciones telefónicas ordenadas por la justica, hasta el decreto 256 del 24 de diciembre pasado que estableció su transferencia al máximo Tribunal.

“Esta Procuración General, mientras no haya un pronunciamiento jurisdiccional o parlamentario que invalide el decreto 256/15, realizará con la Corte Suprema de Justicia de la Nación —aún después de la transferencia y como lo ha venido haciendo hasta hoy— todas las acciones interinstitucionales que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio de escuchas judiciales. Esta actitud es compatible con el impostergable compromiso de este organismo con la seguridad ciudadana y con la investigación y represión del crimen organizado”, señala el texto de la resolución.