La Corte Suprema aceptó los argumentos del dictamen presentado por el procurador Fiscal Eduardo Casal y revocó una resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que había rechazado un recurso extraordinario en una causa que tiene como imputados a Raúl Moneta y otros integrantes del Banco República por la posible estafa contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El representante del Ministerio Público había concluido que los ministros debían considerar el planteo de los abogados del organismo encargado de controlar y regular a las entidades financieras, luego de analizar el recurso del tribunal de alzada que había concluido que, a pesar de que los acusados no habían informado sobre sus vínculos con sociedades off shore, la maniobra contra el BCRA se habría realizado de todas maneras.

El Banco Central había concedido “por error” beneficios millonarios contra el Banco República en concepto de “condonación de cargos impuestos como consecuencia de los incumplimientos del banco a las normas técnicas del órgano de contralor”.

Para recibir esa “ayuda”, Moneta y sus socios habían presentado en febrero de 1999 “dos declaraciones certificadas por escribano público” en las que declaraban bajo juramento “que ni el ‘Banco República S.A.’, ni sus directores, ni sus accionistas posee/n/mos: participaciones accionarias a título propio o a través de terceras personas físicas o jurídicas, facultades de administración, poderes otorgados, intereses económicos de cualquier índole o vinculación directa, indirecta o de tipo alguno con la sociedad denominada ‘Federal Bank Ltd.’ radicada en Nassauh, Bahamas”.

Sin embargo, el procurador Casal afirmó en su escrito presentado ante la Corte que “los elementos de prueba recopilados luego habrían resultado suficientes para desmentir estas afirmaciones y acreditar que el Federal Bank, efectivamente integraba junto con el Banco República un mismo grupo económico”. Los jueces de segunda instancia concluyeron que no era posible afirmar “con absoluta certeza que el ocultamiento de información” de la entidad financiera “haya sido determinante del aparente desvío de la voluntad del Directorio del Banco Central”.

Las críticas de Casal

El representante del Ministerio Público ante el máximo tribunal calificó de “arbitraria” a la desestimación por parte de los jueces del tribunal de alzada “del elemento ‘ardid o engaño’. Del que depende la calificación legal como estafa, con el argumento de que la conducta bajo examen debía equipararse a una ‘simple mentira’, exteriorizada por los imputados ‘sin haberse demostrado la obligación de decir la verdad y sin verse acompañada de un determinado despliegue engañoso’”.

“En lo que concierne a la vinculación del Banco República con el Federal Bank, considero que no hay margen para relativizar como ‘simple mentira’ la conducta desplegada por los directivos de la entidad bancaria”, puntualizó Casal, quien además agregó que la maniobra de Moneta y sus socios “ostenta un nivel de sofisticación superior al de la nuda mentira”.

El procurador además criticó la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y afirmó que correspondía al tribunal “ponderar si las circunstancias del caso enfatizadas en el recurso desvirtuaban las conjeturas de la Cámara Federal de Apelaciones para postular la irrelevancia causal de las maniobras desplegadas por los imputados”, y entendió que la “sentencia impugnada prescindió de evaluar dos circunstancias, cuyo tratamiento era ineludible para dilucidar si las declaraciones testimoniales revelaban la ausencia de nexo causal entre el fraude y la concesión de los beneficios”. Esas dos “circunstancias”, para Casal, eran la situación financiera general que había generado que el BCRA auxiliara “sin demasiadas exigencias a las entidades”, y que el Banco República no habría podido disipar las dudas si hubiese sido necesario presentar otros requisitos (como un balance consolidado) ya que Moneta y sus socios no habían declarado su vinculación con la sociedad "off shore".