En los últimos años, gracias a la intervención de organizaciones de la sociedad civil, políticas y En los últimos años, la problemática de la violencia de género ganó espacio en la agenda pública, gracias al trabajo de visibilización de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y al impulso de políticas y dependencias de todos los poderes del Estado. En ese marco, y en virtud de la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (ley nº 27.148), la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó ayer la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuyo objetivo será potenciar las estrategias de investigación y persecución de estos delitos y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por su orientación sexual e identidad de género. La fiscal federal Mariela Labozzetta estará a cargo de la nueva UFEM.

La titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación destacó que la creación de la Unidad “ocurre un día de relevancia histórica para la institución”, pues ayer entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del MPF, que dota al organismo de las herramientas y los dispositivos necesarios para llevar adelante las funciones que le asigna el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que por primera vez asigna a las víctimas un rol protagónico en los trámites judiciales.

Gils Carbó destacó los “indicadores claros del desenvolvimiento del fenómeno criminal” que “develan la necesidad de jerarquizar la estructura central desde la que se diseña y ejecuta la persecución penal de este ámbito de delincuencia”.

El abordaje de esta problemática no es nuevo para el Ministerio Público: en 2012 se puso en marcha el Programa sobre Políticas de Género y el año pasado se creó la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC). Ambas dependencias cumplieron un rol fundamental en el cambio de la matriz del trabajo de funcionarios y empleados del organismo frente a este tipo de casos.

Las diversas formas y conductas mediante las cuales se ejercen estas violencias “exigen la asunción de un rol más activo en la visibilización de la agresión estructural y sistemática contra las mujeres, tanto en los espacios públicos como en el ámbito privado”. Para Gils Carbó, se impone de manera prioritaria “una perspectiva de la persecución penal de un modo articulado y atendiendo a sus propias especificidades”. Y añadió: “Se trata de un fenómeno de extrema gravedad, que trasciende el ámbito doméstico y atraviesa todos los espacios en los que se desenvuelven las mujeres en la sociedad, enquistado en la propia raíz patriarcal que la rige”.

La procuradora reseñó también que la flamante UFEM “es la reacción institucional a demandas de distintos órdenes”. Desde el plano normativo, obedece a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos —en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de rango constitucional— y a las exigencias de la ley n° 26.485. Por otro lado, “responde a un claro reclamo social”, que se materializó días atrás en la histórica manifestación bajo el lema “Ni Una Menos”. Finalmente, desde una perspectiva estratégico-institucional, es consecuente con la experiencia adquirida por el Programa sobre Políticas de Género y dispositivos similares de otros ministerios públicos.

A su vez, el Programa sobre Políticas de Género, “cuyo buen desempeño es abiertamente reconocido” en las más de 460 causas en las que participó activamente, “se convertirá en la Dirección General de Políticas de Género” en el ámbito de la UFEM.

Por último, la procuradora le encomendó a una comisión de expertos y expertas la realización de un proyecto sobre la estructura interna, las funciones y las formas de trabajo de la UFEM, para que presente en 60 días un plan general con sus áreas internas, misiones, ámbito de competencia y otras cuestiones vinculadas con su funcionamiento. La comisión estará coordinada por Labozzetta e integrada además por el académico Alberto Binder; el fiscal general a cargo de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; el fiscal titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFISEX), Aldo De la Fuente; la directora de la Dirección General sobre Políticas de Género, Romina Pzellinsky; la titular de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, y el responsable de la Dirección de Desempeño Institucional, Juan Pablo Iriarte.