En la capilla Itatí, ubicada en el Barrio 13 de Julio de José León Suárez, el padre José María “Pepe” Di Paola recibió este mediodía a la procuradora general de la Nación y al intendente del partido de San Martín, Gabriel Katopodis, para la firma de un convenio marco de cooperación sobre temáticas vinculadas al acceso a la justicia, similar al suscripto dos días atrás con el Obispado de Quilmes. Alejandra Gils Carbó señaló: “Nuestra tarea trae paz social, porque la gente siente que puede pedirle ayuda al Estado y no al narco”.

De acuerdo al texto del acta, el municipio, la Parroquia San Juan Bosco y la Procuración se comprometen a la “organización conjunta de espacios de espacios de intercambio sobre acceso a la justicia” y al desarrollo de “acciones que incluyan la derivación de casos hacia los dispositivos que ponga a disposición la Procuración”.

Además, se instalará una oficina de atención móvil de ATAJO en un Centro de Atención Vecinal, situado en el cruce de la avenida Márquez y Profesor Aguer, en José León Suárez, donde confluyen cuatro barrios vulnerables del partido de San Martín.

Junto a la procuradora estuvieron el director general de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat; el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Gabriel de Vedia; el director de Comunicación Institucional de la PGN, Luis Villanueva, y el responsable operativo de las agencias ATAJO, Alfredo Soubielle. Asimismo, el intendente fue acompañado por la subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio, Mercedes Contreras.

“Es importante que el Estado llegue antes, porque cuando un chico hace una macana después le caemos con todo el peso de la ley”, afirmó el padre “Pepe”, y agregó: “Hay un vacío entre el Estado y la gente. En el medio hay un montón de familias que sufren”.

Por su parte, el intendente Katopodis celebró el acuerdo: “Todos hacemos la experiencia de llegar con un Estado mejor y en particular con los más pobres”. Según la autoridad municipal, “el Estado genera violencia, reprime y provoca situaciones de mucha indignación; la gente más golpeada no llega a las oficinas estatales, por eso el desafío es logar canales que nos vinculen con la gente y servir más a la ciudadanía”.

Antes del acto formal, Gils Carbó y el cura José María Di Paola recorrieron las instalaciones de la sede eclesiástica, en la que también funciona una escuela de oficios. La Procuradora enfatizó la política interdisciplinaria que tiene su gestión y afirmó: “El ATAJO no está solo, detrás hay muchas áreas del Ministerio Público Fiscal, como la Procuraduría de violencia institucional; la Procelac, contra el lavado de dinero; la UFEM, que persigue la violencia de género; la DOVIC, que pone el acento en la víctima; la Protex, contra la trata de personas, y la Procunar, que tiene la función social de llegar a la escalas más altas de la narcocriminalidad”.

El intendente Katopodis y el padre “Pepe” coincidieron en destacar como una de las problemáticas más acuciantes la violencia policial y el daño social que provoca el narcotráfico. Para Gils Carbó, “nosotros desarrollamos en el Ministerio Público Fiscal áreas especializadas de política criminal para reemplazar a la policía en las investigaciones. Así surgieron los ministerios públicos: para reemplazar los estados policiales heredados de las dictaduras”.