El Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires continuar con la instrucción de la causa en la que son investigados simpatizantes del Club Atlético Independiente por haber exigido dinero a futbolistas del plantel profesional bajo amenaza. Asimismo, el proceso alcanza a personas que al momento de los hechos integraban la comisión directiva del club, acusadas de desviar dinero de la institución con el que los hinchas habrían costeado su viaje y estadía en Sudáfrica para asistir al Mundial de Fútbol que se disputó en 2010.

Casal repasó en su dictamen que la causa se inició por una denuncia que daba cuenta de un artículo periodístico, en el que se narraban varios acontecimientos protagonizados por conocidos líderes de la hinchada de Independiente -Pablo “Bebote” Álvarez, entre ellos-, cuyo punto en común era las amenazas a los futbolistas del plantel profesional para conseguir dinero; uno de esos episodios habría tenido lugar en San Miguel de Tucumán, donde está actualmente siendo objeto de investigación; “otros habrían ocurrido, según la prensa gráfica, en Villa Domínico y también por teléfono”, indicó.

“Sea como fuere, respecto de los hechos supuestamente ocurridos en Villa Domínico, el tribunal declinante [Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4, de Capital Federal] ha considerado que se encuentran prima facie acreditados por el testimonio de jugadores que, con la reticencia acostumbrada en estos casos, al menos confirmaron la existencia de una ‘reunión’ con los integrantes de la ‘barra’ y el hecho de haberles dado dinero ‘para evitar inconvenientes’", señaló Casal.

En ese sentido, indicó que consideraba que "ya no quedan medidas que practicar que sean relevantes para decidir la competencia territorial, que consecuentemente, debe ser atribuida al juzgado provincial”.

En cuanto al delito de administración fraudulenta atribuido a los ex directivos del club de Avellaneda, para Casal el juzgado de instrucción porteño señaló “con acierto las dos razones por las cuales la causa debe seguir siendo investigada por el fuero local”, a saber: “la existencia de un proceso pendiente ante un juzgado provincial, cuyo objeto procesal implica las maniobras aquí denunciadas, y el domicilio en la localidad de Avellaneda en que se encuentra la administración del patrimonio perjudicado y debe cumplirse con la obligación de rendir cuentas”.

Por esos motivos, el Procurador Fiscal Casal opinó que corresponde declarar la competencia del Juzgado de Garantías n° 9 de Lomas de Zamora.