21 de agosto de 2017
21 de agosto de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Comunicado de la Unidad Fiscal especializada en delitos relacionados a la seguridad social
La UFISES rechaza la mudanza inconsulta de sus oficinas dispuesta para hoy por la ANSES
El fiscal Gabriel de Vedia objetó la decisión tomada unilateralmente por la ANSES. Además, advirtió que no existe ningún convenio por el cual el organismo de la seguridad social haya cedido a la Unidad oficinas alquiladas en un edificio privado.

El fiscal federal y titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, indicó que la mudanza inconsulta de la UFISES por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social a un edificio privado no corresponde hasta tanto se concrete la firma de un convenio o comodato entre la Procuración y el organismo descentralizado.

La mudanza de la Unidad Fiscal había sido dispuesta por la ANSES luego de la rescisión unilateral del convenio que mantenía con la Procuración General de la Nación. El 2 de junio pasado, el director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso, notificó a la Procuración el “no ejercicio de la prórroga” del convenio que mantenían desde 2002. A pesar de esa decisión, el Ministerio Público consiguió que los fondos necesarios para el funcionamiento y los salarios sean incorporados al presupuesto general del MPF.

Sin embargo, se mantuvo un canal de diálogo con el objetivo de garantizar el espacio físico requerido para las oficinas y el archivo de la Unidad. En ese contexto, la ANSES ofreció un lugar alquilado en un edificio privado sito en la calle Suipacha del centro porteño. Ante la preocupación planteada por el fiscal de Vedia, la Administración Nacional de la Seguridad Social propuso reubicar a la dependencia del Ministerio Público en Paraná 451. Sin embargo, el pasado viernes 4 de agosto a las 14:00, el organismo insistió en trasladar de manera inconsulta a la Unidad Fiscal al inmueble alquilado, por el que la Procuración no firmó ningún acuerdo o comodato que garantice el correcto funcionamiento y continuidad de la Unidad Fiscal.