El martes pasado, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, y el fiscal a cargo de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación, Marcelo Colombo, presentaron un recurso de Casación por la sentencia que sobreseyó a los seis acusados de integrar una red de trata.

En su momento, Suárez Faisal había solicitado penas de entre seis y diez años para los todos los acusados por considerarlos culpables de mantener cautiva durante dos semanas a una joven menor de edad en la localidad de Rincón, provincia de Santa Fe. Sin embargo, el 16 se septiembre, el Tribunal Oral de Santa Fe, integrado por José María Escobar Cello y María Ivón Guadalupe Vella, decidió sobreseer a los seis imputados. Entre otras cosas, argumentaron que tomaban esa decisión porque habían encontrado contradicciones en las diferentes declaraciones de la víctima (en la etapa de la instrucción, en la cámara Gesell y en la audiencia de debate).

En ese sentido, Suárez Faisal y Colombo señalaron en el recurso “que las contradicciones sobre las que se basó el tribunal no fueron centrales en lo que respecta al eje de su testimonio y al hecho del que resultó víctima" y que se debieron, en parte, "a la reiteración de declaraciones a las que fue sometida la víctima -con su claro sesgo revictimizante-; y a los efectos postraumáticos de la propia vivencia que sufrió”.

Los fiscales también resaltaron que durante el debate “quedó plenamente probado (no sólo a raíz de las declaraciones testimoniales, sino porque también lo admitieron los propios imputados en sus indagatorias y los abogados defensores en sus alegatos) que la víctima, en ese momento menor de edad, estuvo secuestrada con fines de explotación sexual". Por otra parte, añadieron que el tribunal oral "consideró sólo algunos testimonios y de forma parcial, para poder desacreditar la versión lineal que dio la víctima en sus diferentes declaraciones respecto a los hechos que sufrió y que inevitablemente dejaron secuelas en su persona para siempre”.

Finalmente, recordaron que el tribunal había solicitado la realización de “estudios de personalidad y credibilidad” a la víctima, decisión que fue revocada por la Cámara de Casación Penal por pedido de ambos fiscales para evitar la revictimización de la joven.

Por todos estos puntos mencionados, los fiscales remarcaron "la gravedad de la solución dada al caso" debido a la "imparcialidad del tribunal de juicio", ya que evaluó las pruebas presentadas "de manera tendenciosa, descalificando el relato de la niña y sobre la base de preconceptos y prejuicios culturales y sexistas".