En línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Castaño, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de cuatro hombres procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en la localidad portuaria de Ingeniero White.

En su resolución, los jueces de Cámara consideraron que existen riesgos procesales, ya que el hecho de que se determinara que en el caso hubo "connivencia policial" permite presumir "el riesgo de elusión de la justicia" por parte de los imputados. Los jueces también indicaron que, permaneciendo en libertad, los imputados podrían ejercer su influencia, comprometiendo los testimonios de las víctimas, y entorpecer así el procedimiento judicial, con la manipulación o contaminación de las pruebas.

El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt.

Este último es un prefecto en actividad y García perteneció a la misma fuerza. Junto a Iglesias, ex dirigente de un club de fútbol de Ingeniero White, tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt.

Tanto Iglesias como Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Gutt se encuentra procesado como partícipe primario del mismo delito.

Esta organización estaría involucrada en el circuito prostibulario local y habría actuado con la connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir allanamientos.

La organización habría sido la dueña de una serie de prostíbulos que tenían la fachada de lugares con “Show” y “Karaoke” pero donde en realidad había mujeres ofreciendo “copas” y “pases”. Además, según el testimonio de “clientes” de esos boliches, los “pases” se realizaban dentro de camiones ubicados en una playa de estacionamiento.

Esos hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril del año pasado, cuando se realizaron los allanamientos en varios locales nocturnos de esa localidad. En esa oportunidad, fueron rescatadas 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2016, el fiscal Castaño y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo -que asiste en la investigación-, solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los cuatro acusados. Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 les dictó el procesamiento pero los mantuvo en libertad. Como consecuencia, en noviembre de 2016 el representante del MPF apeló la medida y solicitó la inmediata detención y prisión preventiva para los cuatro acusados.

Los camaristas señalaron que Iglesias "aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar".

Los roles de los imputados y los boliches

A Vargas se le reprocha haber ofrecido, captado, trasladado, acogido y recibido al menos a siete víctimas en situación de vulnerabilidad, rescatadas en el boliche de su propiedad, denominado “El Gran Chaparral”, en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron el 15 de abril de 2016.

García, en tanto, fue el encargado del local “Bar Broadway”, donde se habrían realizado los denominados “pases” y es quien se habría contactado con mujeres para ofrecer sus servicios sexuales a potenciales clientes del bar. Está acusado de haber captado, acogido y ofrecido a siete víctimas en situación de vulnerabilidad en aquel lugar.

Por su parte, Iglesias es el dueño del inmueble donde funcionaba el “Bar Broadway” y fue señalado en las denuncias anónimas como el dueño de otros boliches llamados “Kaos” y “Unión”, donde se habría explotado sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El imputado prófugo posee varios camiones cisternas y bateas, donde se habrían concretado los “pases”.

En la causa se supo de la existencia de antecedentes de solicitudes de habilitación a nombre de Iglesias para el rubro “cabaret”. “Está detrás del negocio de la explotación sexual de mujeres sin ser la cara visible del mismo, siendo esta Alfredo Ismael García, quien ejecuta los pormenores del negocio”, según la resolución de los jueces de Cámara. “A su vez, aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”, agregaron.

Finalmente, Gutt conoce a García de la Prefectura. Con él mantenía un vínculo, se frecuentaban y, según pudo averiguarse, lo advertía de posibles allanamientos relacionados a cabarets, prostitución y trata en la ciudad realizados por esa fuerza.