“Este es un caso en el que se pudo avanzar hasta las últimas consecuencias”, afirmó el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), luego de que el miércoles pasado se conociera el veredicto del juicio oral y público mediante el cual, por primera vez en el país, se condenó a un intendente y a un comisario por su participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Los funcionarios públicos - el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el comisario Carlos Alanis- recibieron la pena de cinco años de prisión, al igual que el dueño del prostíbulo, Carlos Fernandez. Además, los magistrados condenaron a dos años de prisión a los encargados del boliche Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs.

El caso salió a la luz luego de varias denuncias realizadas entre el año 2008 y 2009 respecto a una serie de irregularidades en el local nocturno llamado “Good Night”, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay. Una vez que esas denuncias se unificaron, en octubre de 2009 se realizó el allanamiento en el lugar donde fueron rescatadas tres mujeres en situación de vulnerabilidad. La etapa de instrucción fue llevada adelante por el entonces fiscal subrogante Juan José Baric, que contó con la colaboración de Protex.

“Estamos muy contentos porque es un muy buen precedente para la Argentina ya que no hay antecedentes de condenas a intendentes en la región. Estamos a la vanguardia en cuanto a funcionarios públicos condenados. Aquí hubo intereses de funcionarios judiciales en querer imputar. No bajaron los brazos y así lograron la condena”, sintetizó Colombo refiriéndose a las idas y vueltas que tuvo la causa.

En tanto, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Jorge Bonvehi, quien actuó en el juicio oral, coincidió plenamente con Colombo en cuanto a la trascendencia del fallo y destacó que es un claro mensaje a la sociedad sobre las consecuencias que implica participar en este tipo de actividad delictiva. Asimismo, resaltó que los dichos de las víctimas "fueron determinantes para demostrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual".

Bonvehi: "Uno tiene la impresión de que no se quiere ver lo que se tiene delante de sus narices. Sobre todo en lugares de poblaciones chicas, donde todos se conocen y se sabe la actividad que realiza cada uno de sus habitantes".

Sacar a las víctimas de la indefensión

“La elevación a juicio fue por seis víctimas. Sin embargo, solamente fueron localizadas tres para comparecer al debate oral. La tarea de contactarlas no fue sencilla ya que había pasado bastante tiempo. No obstante se procuró citar a más mujeres que, aparentemente, suponíamos que habían sido víctimas de trata a través de documentación que se había incautado. Justamente pudimos contactar a tres de ellas y lo más importante fueron sus dichos ya que ellas confirmaron la existencia del delito de trata”, detalló Bonvehi.

El titular de Protex destacó la importancia que tuvo la ampliación de la acusación realizada por el fiscal Bonvehi. “Para mí, eso fue lo que terminó de convencer a los jueces de que estaban frente a un caso de trata de personas muy severo, porque el testimonio de esas víctimas venían a comprobar otros tantos relatos y mostraba la crudeza con que se desarrollaba la explotación de esas mujeres en el prostíbulo”.

Otra característica de este caso, es que quedó claro cuáles eran las condiciones a las que eran sometidas las víctimas. La mayoría de las mujeres declaró que llegaron a “Good Night” a través de una falsa oferta laboral y, una vez allí, se encontraban con un panorama totalmente diferente.

“Lo que se ve habitualmente en estos casos es que muchas de ellas tenían la prohibición de salir del lugar. Lamentablemente, acá dependía del carácter de la víctima. Las que tenían más confianza tenían mayor libertad. Si recién se iniciaban, tenían un sistema más estricto. No podían ni siquiera salir a hacer las compras”, describió Bonvehi.

"Era llamativo que les hicieran exámenes ginecológicos a las mujeres cuando el lugar estaba habilitado como salón de baile", indicó el fiscal Bonvehi.

Y agregó: “Los exámenes médicos no se los hacían en la misma localidad sino a 15 kilómetros, lo cual no deja de llamar la atención porque ahí había un médico. Además, era llamativo que les hicieran exámenes ginecológicos a las mujeres cuando el lugar estaba habilitado como salón de baile”.

Sobre estas irregularidades tan a la vista, Bonvehi sostuvo: “Uno tiene la impresión de que no se quiere ver lo que se tiene delante de sus narices. Sobre todo en lugares de poblaciones chicas, donde todos se conocen y se sabe la actividad que realiza cada uno de sus habitantes. Y más en 'Good Night', que estaba ubicado a la vera de la ruta. Entonces es dable saber quiénes son los concurrentes”.

“El policía no podía ignorar lo que pasaba. Además, varias víctimas dijeron que iba frecuentemente al lugar, aunque él alega que era por las inspecciones que debía realizar. Esto ponía a las víctimas en un lugar de indefensión total ya que no tenían a quien recurrir si el policía, que debería protegerlas, iba al lugar y conversaba con el dueño”, añadió Bonvehi.

El fallo condenatorio

“Es un precedente judicial valiosísimo para todos. Me parece que reivindica al poder judicial y la actuación de otros jueces que han podido ver el caso en el marco de un debate donde la prueba se lleva adelante de la manera más amplia posible. Ellos mismos han determinado penas severas para todos los imputados, en este caso, para el comisario que estaba encargado de la jurisdicción donde estaba este prostíbulo y para intendente que también tenía probadas conexiones con el proxeneta y con el comisario”.

“La enseñanza de este caso es que no hay que rendirse nunca. Hay que utilizar todos los recursos que tengamos como operadores del sistema judicial”, concluyó Colombo.

Colombo: “La enseñanza de este caso es que no hay que rendirse nunca. Hay que utilizar todos los recursos que tengamos como operadores del sistema judicial”.

La investigación y las dilaciones judiciales 

La causa atravesó varios obstáculos traducidos en dilaciones judiciales ya que, entre otras cosas, un juez se negó a tomarles declaración indagatoria a los funcionarios públicos aludiendo a un argumento inverosímil: que era subrogante y no tenía estabilidad en el cargo.  Inclusive, una vez que declararon el intendente y el subcomisario, los magistrados dilataron también la resolución procesal. Esto llevó a que los representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieran que presentar en conjunto con el fiscal de Cámara, Alejandro Cantaro, una solicitud de pronto despacho y distintas apelaciones a la Cámara para lograr el avance de la causa. Sin embargo, estas no fueron las únicas dificultades que los fiscales tuvieron que sortear.

“Lo que pasó acá es que hubo muchos intentos para que el caso no llegara a juicio oral. De hecho, uno de estos obstáculos fue un fallo que calificamos de vergonzoso ya que los jueces habían dictado la falta de mérito de las mismas tres personas que ahora resultaron condenadas porque decían que el caso no tenía pruebas suficientes. Además, los jueces hacían interpretaciones libres acerca de que el sistema prostibulario tendría beneficios sociales favorables casi en la misma línea de cómo resultó condenado el intendente de Lonquimay. Como si  antes hubiese una especie de adecuación social a esa situación”, señaló Colombo.

En esa línea, en diciembre de 2014 los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Montezanti, de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, emitieron un fallo que beneficiaba a los funcionarios públicos para lo cual utilizaron un pasaje que no supieron si atribuir a Santo Tomás de Aquino o a Tolomeo de Lucca: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. Este fallo también fue apelado por los fiscales.

Finalmente, el 23 de mayo comenzó el juicio con los imputados libres y con Rogers en funciones, como hasta el día de hoy.