25 de junio de 2017
25 de junio de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari
Córdoba: solicitaron el procesamiento de doce imputados y el embargo de once inmuebles en una causa por lavado de activos provenientes de la trata
Se trata en todos los casos de personas que pertenecen al círculo íntimo de los hermanos Fabio y Daniel Barey, quienes desde 2001 a 2012 se habrían dedicado a la trata y explotación de cinco prostíbulos ubicados en la capital provincial. Las ganancias ilícitas provenientes de esta actividad eran invertidas en automóviles, inmuebles y otros negocios que, sistemáticamente, colocaban a nombre de testaferros.

El titular de la Fiscalía Federal n°1 y coordinador del Distrito Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó el procesamiento de doce imputados en orden al delito de lavado de activos o encubrimiento agravado, y la reinscripción de las medidas cautelares ordenadas oportunamente a los fines de asegurar el decomiso de los bienes producto de los ilícitos. Se trata en todos los casos de personas que, por parentezco directo o amistad, pertenecen al entorno de los hermanos Fabio y Daniel Barey, quienes al menos desde 2001 hasta 2012 se dedicaron a la trata de personas agravada y a la explotación de cinco prostíbulos ubicados en el centro de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a la acusación del fiscal, los imputados -todos ellos con un nivel de ingresos que no guarda relación con sus situaciones registrales- actuaban como "testaferros" o "prestanombres" de Fabio Ricardo Barey y Daniel Alejandro Barey, "adquiriendo y transfiriendo simuladamente bienes inmuebles y vehículos con dinero que proporcionaban los hermanos Barey proveniente de su actividad ilícita".

En este sentido, la presentación describe con precisión una gran cantidad de hechos en los cuales intervinieron los imputados. El denominador común en cada uno de los casos era la entrega -por parte de los hermanos Barey- de dinero proveniente de la actividad ilícita para que los imputados los apliquen a la adquisición de inmuebles o vehículos automotores, simulando de este modo que la operación era para sí, cuando en realidad el objetivo era ocultar la verdadera participación de Fabio Ricardo y Daniel Alejandro Barey en la transacción.

"Así, los nombrados, formando parte del entorno de los hermanos Barey, desplegaron estas actividades que permitieron encubrir el origen del dinero obtenido de manera ilícita, dándole apariencia legítima al integrarlo al sistema económico legal", afirmó Senestrari.

Distintos elementos probatorios  -entre ellos las transcripciones de las intervenciones telefónicas ordenadas en la causa- permiten inferir que la actividad ilícita desplegada por los acusados a través de los cinco prostíbulos reportaba una ganancia estimada en $63.000 por noche (para septiembre de 2011).

"La ganancia así obtenida era invertida por los Barey en diferentes bienes materiales: automóviles, inmuebles y otros negocios que de manera sistemática ponían a nombre de terceras personas, ya sea unidos a ellos por un vínculo sanguíneo (...) o unidos por el vínculo de amistad o familiaridad", consignó Senestrari.

Así las cosas, el fiscal solicitó el procesamiento de Fabio Ricardo Barey, Daniel Ricardo Barey, Selva del Valle Ceballos, Mafalda Edith Ceballos, Marcelina Nora Ceballos, Marcela Cristina Andino, Carolina del Valle Rojas, Dario Marcos Peralta, Fabián Ariel Peralta, Marcos René Alberto Romero, Graciela Mabel González y Brenda Yanet Artaza como se pide. También requirió que se declare la rebeldía y se ordene la captura de Marcela Elizabeth Guzmán, quien pese a las reiteradas citaciones nunca se presentó a brindar declaración indagatoria.

Asimismo, pidió la reinscripción -con carácter urgente- de las medidas cauteleras a fin de asegurar el decomiso de los bienes mal habidos, entre los que se encuentran once inmuebles ubicados en la provincia de Córdoba, así como la inhibición general sobre las personas involucradas. Para ello, consideró que se encuentran debidamente acreditados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.