El fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Javier de Luca y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo dictaminaron hacer lugar a un recurso de Casación presentado por una querella en la que solicitaron que se investigue por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral a Leticia Ester García, Alejandra López Camelo e Ivana Lucía Peressa, responsables de la empresa avícola “Nuestra Huella”, ubicada en la localidad de Pilar. El 24 de abril de 2012 la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín había sobreseído a las imputadas.

Asimismo, la Cámara también había dispuesto revocar el sobreseimiento con relación a los hechos que se calificaron como contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud, disponiendo la falta de mérito de los imputados, sin perjuicio de continuar la investigación correspondiente.

En primer lugar, los fiscales cuestionaron la decisión de la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín ya que consideraron que “un sobreseimiento no puede sostenerse sobre la mera valoración de calificaciones legales sino que tiene que sustentarse sobre los  hechos concretos que hayan formado parte del objeto procesal de la causa”.

Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscales resaltaron en su presentación que “resulta prematuro el temperamento arribado por la Cámara Federal de San Martín al concluir al igual que el Juzgado de primera instancia que los hechos investigados no serían constitutivos del delito de trata de personas”.

En ese sentido, remarcaron que “no surge” que se haya profundizado o tratado de  identificar y ubicar los casos de familias señaladas por los testigos en sus declaraciones. “Ninguno de dichos trabajadores fue siquiera convocado a prestar declaración testimonial”, añadieron. Por eso insistieron que resta profundizar, investigar y aclarar el caso.

Investigación

Se trata de una causa que se inició a raíz de una denuncia formulada por la entonces UFASE (hoy en día Protex) el 16 de octubre de 2010 luego de que un hombre se presentara a declarar y asegurara que tanto él como su familia habrían sido explotados laboralmente y sometidos a una situación de servidumbre por parte de los responsables de la empresa avícola “Nuestra Huella SA”. El hombre indicó que la situación se prolongó desde el año 2007, fecha en la que ingresó a la empresa, hasta agosto de 2009, cuando fue despedido.

Según el denunciante, aproximadamente en el año 2007, conoció a una persona que le prometió trabajar en una granja ubicada en la localidad de Fátima donde "le iban a pagar bien" y donde tendría una vivienda para él y su familia. Sin embargo, la granja quedaba en otro lugar, la vivienda no estaba en condiciones (era un galpón con toda clase de venenos, comedero y despicaderos dentro de la propia casa) y su mujer también tenía que trabajar sin recibir un salario (luego percibió medio sueldo). Según el denunciante, tanto él como su mujer -mientras estaba embarazada- fumigaron sin protección lo que le provocó  que su hija en común naciera con un riñón “multicristosis”, que afecta su funcionamiento y hace que crezca de manera desproporcionada a su edad.  También agregó que supo de otras familias que habrían tenido problemas de salud por el uso de agroquímicos.

Fue en esa misma oportunidad que los dos testigos denunciaron ante la UFASE que en 2008 ingresaron a trabajar nuevas familias, integradas por menores de edad y oriundas de la provincia de Misiones, a las granjas “La Escondida”, “El Aroma” y “La Mimosa”, propias de la firma.  Las víctimas misioneras habrían sido captadas por un empleado de la empresa “Nuestra Huella SA” por órdenes de la presidente de la compañía

Paralelamente, a raíz de la investigación de Protex, se pudo establecer que existían antecedentes de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la empresa denunciada que derivaron en un allanamiento realizado por la justicia provincial en abril de 2008 en ese lugar donde se constaron las similares condiciones precarias que habían sido denunciadas.

Para los fiscales, “existe una conexión innegable entre la explotación a la que fue sometido el denunciante y su familia, con la posibilidad de que la afección que sufre su hija en el riñón se haya originado en el uso de la sustancia cipermetrina por el empleo de agroquímicos sin la vestimenta y condiciones apropiadas;  y con los casos de nuevas familias que ingresaron a los predios de la firma “Nuestra Huella SA” con posterioridad a abril de 2008, como fue oportunamente denunciado”.

En los allanamientos se pudo observar que las condiciones laborales de los trabajadores eran muy precarias, con una notoria falte de higiene que se evidenciaba en la gran cantidad de moscas, guano de gallinas, dentro de los galpones, olores nauseabundos debido a la materia fecal de las gallinas que se observaba acumulada. Además,  no contaban con ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, así como tampoco con elementos de protección como máscaras o guantes.