El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a siete años de prisión a Pedro Montoya por encontrarlo culpable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en el prostíbulo Sheik, ubicado en la ciudad de Ushuaia. Además, Montoya deberá abonar una multa de 70 mil pesos, en línea con lo solicitado por la fiscalía. Se trata del primer proceso en que una víctima fue querellante contra sus tratantes.

Los jueces dictaron además penas de tres años en suspenso para Ivana García que, a su vez, deberá abonar 30 mil pesos en concepto de multa, y Lucy Alberca Campos, por considerarlas partícipes secundarias, al tiempo que ordenaron el decomiso del boliche, un auto y el dinero secuestrado tanto en el local nocturno como en la vivienda de Montoya, principal acusado. Finalmente, los magistrados hicieron lugar a la demanda civil promovida por la víctima querellante y tanto los imputados Montoya y García como el municipio de Ushuaia deberán pagar "en forma solidaria" la suma de 780 mil pesos en concepto de "indemnización civil" por "los padecimientos y efectos del delito sufrido". Los fundamentos se darán a conocer el próximo 7 de diciembre.

Los imputados fueron encontrados culpables de haber participado en el traslado con fines de explotación sexual de al menos ocho mujeres en situación de vulnerabilidad.

El debate oral comenzó el 7 de noviembre y a lo largo de las audiencias declararon más de 15 testigos. Como representantes del Ministerio Público Fiscal intervinieron Adrián García Lois y Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El caso

La causa se inició a raíz  de la declaración formulada por una víctima en la provincia de Tucumán, el 19 de noviembre de 2011, en la que dijo que había estado en un prostíbulo en Tierra del Fuego, donde había sido explotada. Además, detalló que fue trasladada y que en 2011 vivió en el local “Sheik” donde fue explotada sexualmente junto a otras mujeres de entre 21 y 28 años, algunas de ellas argentinas y otras oriundas de República Dominicana y Colombia.

El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, formalizó la denuncia en el marco de la misma causa, el 12 de abril de 2012, ante el Juzgado Federal de Ushuaia.

Como consecuencia, se delegaron las investigaciones a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Ushuaia, a cargo de Juan Arturo Soria, y se iniciaron las investigaciones.

En octubre de 2012, el representante del MPF solicitó el allanamiento en el prostíbulo Sheik así como en la vivienda de sus presuntos dueños. Como resultado, ocho víctimas fueron rescatadas del boliche y los tres acusados fueron detenidos. Además, a partir del material recolectado y de la declaración de las mujeres, se pudo establecer que vivían en condiciones de hacinamiento,  que el lugar no contaba con normas de seguridad ni higiene y se pudo observar la presencia de roedores así como una cantidad considerable de basura acumulada.