La sala Nachman del Teatro Auditorium de Mar del Plata se colmó de público en cada panel de las II Jornadas “Mar del Plata le dice NO a la trata”, organizadas por la Mesa Interinstitucional contra la Trata de personas. Participó la coordinadora del Área de Investigaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Mangano.

En el panel “Los alcances lucrativos de la trata” expusieron la representante de la Protex y el titular del Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata, Santiago Inchauisti.

Mangano se refirió a las dificultades que surgen en la investigación penal de las redes y mencionó la necesidad de determinar cuál es la ganancia de las organización criminales. De acuerdo a las investigaciones realizadas, indicó que se estima que un prostíbulo pequeño o mediano podría recaudar hasta 400 mil pesos por mes.

El segundo escollo que es necesario sortear es conocer dónde está ese dinero que la organización obtuvo. “Ese dinero no declarado, obtenido de manera ilegal, ingresa al circuito nuevamente a través de inmuebles y autos, lo cual puede ser fácilmente comprobado, pero también puede suceder -como hemos advertido en algún caso- que los imputados tengan hasta 15 fideicomisos para inyectar la ganancia obtenida por dos prostíbulos”, sostuvo Mángano. “El lavado de dinero está muy vinculado al delito de trata con fines de explotación sexual”, concluyó.

En relación a la trata laboral, habitual en el sector rural, la industria textil y diversas empresas que producen bienes y servicios, Mangano explicó que una vez que se determina la explotación es necesario indagar en cómo repercutió en la economía del imputado. “Hay que analizar la responsabilidad de todos los actores en la cadena de producción. Por lo general, el que más gana es quien más alejado está de la explotación”, indicó la funcionaria de la Protex, quien señaló además que inmediatamente se escuchan excusas como "yo no sabía" o "yo al campo no iba", pero son los empresarios quienes brindan los materiales e insumos, fijan los plazos de producción, la cantidad y saben cuánto pagan por hora a un trabajador.

El juez Santiago Inchausti hizo eje en la necesidad de reparar “integralmente a la víctima”, y en este sentido planteó en la posibilidad de una indemnización. “Actualmente, no hay indemnizaciones por varios factores. Por un lado, muchas veces las víctimas no se sienten víctimas, y por otro lado, pueden tener una relación con el tratante o explotador que mejore de algún modo el trato que tenían en su país de origen, o saben que no tienen una situación migratoria regular”, explicó. Además, sostuvo que se torna fundamental el asesoramiento jurídico de las víctimas. Pero también reparó en que la indemnización debería ser automática, independientemente si la víctima se presenta o no al momento del juicio.

La coordinadora General de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, Valeria Torcetta, expuso en el panel “La construcción social de la reinserción de las víctimas”. Torcetta explicó: “La Dovic funciona desde hace un mes, con un equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que busca acompañar a las víctimas de todos los delitos. Para garantizar el piso mínimo de derechos, es necesario contar con un espacio para recibir a la víctima, informarle el estado de la causa, explicarle qué es una rueda de reconocimiento, qué es una declaración testimonial, qué investiga el fiscal en determinada causa”, detalló la coordinadora de la DOVIC, quien señaló que el objetivo es la “federalización de una gran red de personas” que brinden la asistencia que las víctimas necesitan y que hasta el momento no tenían.

En lo que hace a las víctimas de trata, Torcetta señaló que el primer obstáculo es que la víctima se reconozca como tal y sepa que hay un sector del Estado que puede darle una respuesta. No sólo desde el asesoramiento, sino que también se las acompaña a golpear la puerta de la oficina específica que pueda hacer efectivo determinado derecho.

Por otro lado, la coordinadora de la DOVIC reparó en un “vacío de patrocinio jurídico” y en la ausencia de fallos indemnizatorios para las víctimas. En este sentido, relató que una de las primeras solicitudes que recibieron fue del fiscal coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, en relación a un grupo de personas esclavizadas en un campo de cosecha de papa. Los trabajadores habían vuelto a Santiago del Estero, posiblemente a la espera de una nueva temporada, porque su situación estructural no había cambiado. A través de la intervención de la DOVIC, la Protex y del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) ofrecieron patrocinio jurídico a esos trabajadores y seis de ellos dijeron aceptaron. “De eso se trata, de dar respuesta y garantizar derechos”, expresó Torcetta.

“Ante el arrebato de las posibilidades, de elegir libremente, se busca hacer efectivo el derecho de autodeterminación”, concluyó la coordinadora general de la DOVIC.

 Del mismo panel participaron el coordinador del Equipo Jurídico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el delito de la Trata, Cristian Encinasm, quien sostuvo que la misión del organismo del Ministerio de Justicia de la Nación es acompañar a las fuerzas de seguridad al momento de un allanamiento para asistir a las víctimas, y que su labor va desde el momento del operativo hasta la declaración testimonial; Marcela Pastore y Viviana Caminos, de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas; y la presidenta del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM) de Mar del Plata, Alba Salinas, quien sostuvo que “la trata es la forma más extrema de violencia contra las mujeres” y llamó a “desarmar la estructura de poder patriarcal que sostiene este delito”.

En el panel de apertura, la integrante de la Mesa y referente de la Comisión Provincial por la Memoria Susana Méndez sostuvo que “el delito de trata rompe la dignidad de las personas”. A su turno, la coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de la Jefatura de Ministros de la Nación, Cecilia Merchán, mencionó que “todas las violencias contra las mujeres se dan en la trata”.

La psicóloga Leonor Núñez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en una dinámica charla con estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad, expresó: “Si una persona tiene garantizados sus derechos esenciales, económicos y culturales, el acceso a la salud y la educación, no va a ir a golpear la perta de un prostíbulo para pedir ser explotada”.

En el panel “Trata y medios de comunicación”, el que defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bonicatto, calificó a la trata de personas “como “un delito aberrante, cruel, despiadado, absolutamente inhumano que convive con nosotros” e interrogó: “¿Existe una convicción en todos los sectores que hay que combatirlo?” “No, no existe la conciencia colectiva, hay una complicidad cultural”, respondió.

Por su parte, Cora Santandrea, de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia, dio cuenta de la labor del organismo y de las desobediencias que aún existen por parte de algunos grupos mediáticos. Señaló que aún hay avisos de oferta sexual encubiertos como “masajes” o “señoritas” en busca de “caballeros”. La funcionaria puntualizó que detrás de esos clasificados no existe solamente una oferta sexual que expone a las mujeres como mercancías, sino que además “encontramos cuestiones discriminatorias y de sometimiento de las mujeres”.

La periodista Sibila Camps cumplía ese día 37 años de oficio. Trabajó la mayor parte de su carrera, hasta mayo de 2013 cuando se jubiló, en el diario Clarín. Allí, escribió artículos en los que detalló la cantidad de dinero que una red de trata llegaba a gastar en avisos de oferta sexual. “Los periodistas a veces hacemos piruetas en una baldosa” en la labor en los medios de prensa al intentar instalar algunas temáticas graficó la autora del libro “La Red. La trama oculta del caso Marita Verón”.

Como última actividad, se proyectó la película “No hay trato” del director Claudio Posse, quien fue presentado por el fiscal Federal Pablo Larriera. El film fue declarado de interés institucional por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El cierre estuvo a cargo de integrantes de la Mesa Interinstitucional: estuvieron presentes los diputados Fernanda Raverta, Pablo Farías y Alejadra Martínez; la concejal Cristina Coria, su colega con mandato cumplido María del Carmen Viñas, y la titular de la Dirección Municipal de la Mujer, Marcela Luca.