14 de diciembre de 2017
14 de diciembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con el planteo del fiscal general Alejandro Cantaro
La Pampa: confirmaron la competencia federal en un caso de trata de personas que involucra a un intendente y a un ex jefe policial
Así lo resolvió la Cámara Federal de Bahía Blanca, luego de que la defensa de los imputados solicitara que la causa sea tramitada en la justicia provincial. El jefe municipal de Machachin Jorge Luis Cabak y el ex comisario Hugo Iglesias están acusados de brindarle protección a una banda dedicada a explotar mujeres en un prostíbulo ubicado en la mencionada localidad.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, en línea con lo solicitado por el fiscal general Alejandro Cantaro, rechazó la apelación que había sido presentada por la defensa de Jorge Luis Cabak y Hugo Mario Iglesias, jefe municipal y ex comisario de la localidad pampeana de Macachín, respectivamente, para que la causa por trata de personas donde se encuentran involucrados siga su trámite en la justicia provincial. Ambos están acusados de brindarle protección a una banda dedicada a explotar mujeres en el prostíbulo "Chicho Show", ubicado en la mencionada localidad.

El tribunal de alzada tuvo en cuenta lo sostenido por el magistrado de primera instancia, Fernando Cubas, quien contempló los hechos descriptos en la requisitoria de elevación a juicio y en el auto de elevación. En ese sentido, el tribunal remarcó que los imputados están acusados de ser autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con la participación necesaria del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y sostenimiento de una casa de tolerancia, “lo que determina la competencia federal conforme a los prescripto por el artículo 33, inc. e, del CPPN".

"De considerarse que los hechos reprochados sólo encuadran en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público y que ambos imputados son funcionarios del municipio y la provincia, por la conexidad objetiva que media entre dicho delito y el previsto en el artículo 145 del CP, se impone el juzgamiento en el fuero federal”, fundamentó el tribunal. Y agregó: “Existiendo una hipótesis delictiva del acusador público constitutiva prima facie del delito de trata de personas, más gravosa que la discernida por esta Cámara y cuyo juzgamiento corresponde a la justicia federal, resulta de fundamental importancia mantener y promover la competencia del fuero federal para asegurar la eficacia de la norma que reprime la trata de personas".

Finalmente, afirmó  que tampoco puede pasarse por alto que en la resolución de conflictos de competencia se priorizan razones de economía procesal y mejor administración de justicia, "máxime teniendo en consideración el estado avanzado de la investigación y la pronta elevación de la causa a juicio, lo que permite vislumbrar que una declaración de incompetencia redundaría en una dilación que podría ser perjudicial para el éxito del proceso”, finalizó.

De esta forma, los imputados, que se encuentran en libertad, quedan más cerca de la instancia de juicio oral. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continúo la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló el requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.

Se trata del segundo intendente de esa provincia en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de este año, el edil Luis Rogers fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.

Los hechos

En la causa, además del intendente y el ex policía, hay otras cinco personas imputadas. El dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca, y su socio, Esmundo Blas, quienes habrían sido los encargados de ordenar la recepción y acogimiento de un gran número de mujeres. Para ello, contaban con la contribución de otros dos hombres, Oscar Moya y Leandro Ariel Otero, quienes fueron imputados por su “participación necesaria” en el proceso. Por su parte, Maximiliano De Luca fue imputado por su “participación secundaria” en el delito de trata de personas.

Están acusados  de integrar una banda que habría participado en el traslado y la recepción de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en el mencionado boliche. Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2006 y agosto de 2011.

De la prueba recolectada surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas, ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas.