La fiscal federal subrogante Adriana Zapico solicitó la elevación a juicio respecto de Jorge Luis Cabak, intendente de la localidad pampeana de Macachín, y de Hugo Mario Iglesias, ex comisario de esa localidad. Ambos están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores y en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios.

De acuerdo a la acusación del MPF, los acusados habrían brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo "Chicho Show", ubicado en la localidad pampeana de Macachín. La fiscal Zapico consideró que la etapa de instrucción de la causa se encuentra concluida y respecto a la participación de Cabak aseguró que, “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno ‘La Chicho Show’ no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”.

Y agregó: “Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”.

En cuanto a la participación de Iglesias, Zapico sostuvo que  también conocía “la actividad de prostitución que se desarrollaba en la ‘Chicho Show’". En esa línea, resaltó que eso quedó demostrado a través  del contenido  de los diálogos telefónicos y también en los dichos de Cabak, en tanto  “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.

"Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”, señaló la fiscal.

Finalmente, la representante del MPF resaltó: “A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de ‘La Chicho Show’ – en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga ‘pases’ – cabe preguntarse ¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias”, concluyó Zapico en su dictamen.

Ambos funcionarios fueron procesados en octubre de 2016 y, debido a la apelación por parte de las defensas, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en mayo de este año. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continúo la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.

Se trata del segundo intendente de esa provincia en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de este año, el edil Luis Rogers fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.

Se trata del segundo intendente de La Pampa que llegaría a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio pasado fue condenado el jefe municipal Luis Rogers por su participación en un caso de trata.

Los hechos

La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en  la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”. El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería “Chicho Show” y con un tercer local también bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.

Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local “Chicho Show” y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Según uno de los testimonios, “en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado…”.

Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret y a su vez evidencian que tanto Cabak como Iglesias “tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en ‘Chicho Show’”. Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.

De la prueba recolectada, surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas, ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas.

Como resultado, los investigadores comprobaron que el cabaret era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una "casa de tolerancia" donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero.

En este contexto, Luis Daniel De Luca y su socio Blas habrían sido quienes ordenaban la recepción y acogimiento de un gran número de mujeres que provenían de diferentes sitios del país y del extranjero. Para ello, contaban con la contribución de Moya y Otero, quienes fueron imputados por su “participación necesaria” en el proceso.

Por su parte, Maximiliano De Luca fue imputado por su “participación secundaria” en el delito de trata de personas.