El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó que tres personas ya procesadas por facilitación de la prostitución ajena sean indagadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora.

La pesquisa comenzó en diciembre de 2010 y en un principio tramitó en la justicia provincial, donde se dio cuenta de la existencia de locales -seis en Lanús y uno en Lomas de Zamora- en donde se ofrecían servicios sexuales. La investigación pasó a la justicia federal luego de las declaraciones testimoniales de las mujeres que allí se encontraban; allí se recibieron nuevas denuncias en relación a varios de los lugares en cuestión, se dispuso la acumulación de las causas y se encomendaron nuevas tareas investigativas.

En 2014, el Juzgado Federal resolvió los procesamientos de cuatro imputados por el delito de facilitación de la prostitución -agravado en un caso por ser miembro de una fuerza de seguridad-. La Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo respecto de tres de los acusados y dispuso la falta de mérito del restante.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó ahora la ampliación de las declaraciones indagatorias “con el objeto de endilgarles [a los imputados] haber recibido [a las víctimas] con fines de explotación sexual, la cual se consumó”, en relación a 8 mujeres. Es decir, en un local que funcionaba en la calle Piñeiro, en la localidad de Lanús Oeste.

“Esa recepción de mujeres con fines explotación no sólo quedó acreditado por el allanamiento, sino que el contenido de las tareas investigativas llevadas a cabo durante la tramitación del sumario, son muestras claras de ese actividad. En tal sentido, las mujeres entrevistadas manifestaron que ejercían allí la prostitución, lugar en el que fueron entrevistadas por ‘Ana’, teniendo una carga horaria de 10.00 a 20.00 horas, debiendo aportar de sus servicios diferentes sumas en concepto de limpieza, seguridad y alquiler”, fundamentó Gómez Barbella.

En esa línea, explicó que “dicha operatoria resulta configurativa del delito de trata de personas, en la que los explotadores se valen de mujeres vulnerables quienes -ante necesidades básicas insatisfechas- acuden a los prostíbulos, donde son recibidas para luego ser allí explotadas”. Asimismo, recordó que un conflicto de competencia entre los juzgados intervinientes en la causa fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que convalidó lo dictaminado por el entonces procurador fiscal y actual procurador general interino, Eduardo Casal, quien había sostenido que el expediente debía continuar en el fuero de excepción.