En el campo de la zona de Sierras de los Padres, conocido como “Quinta Gareca”, permanecen las víctimas tras el allanamiento realizado por la Justicia y los procesamientos de los dueños del predio, de acuerdo a su voluntad y necesidad de seguir trabajando. Hasta allí acudió el Ministerio Público Fiscal, representado por la licenciada en trabajo social Mila Montaldo, a cargo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía General, con la intención de tomar contacto con las víctimas, relevar la situación de las familias y coordinar la intervención de organismos estatales para dar cumplimiento a los derechos y garantías que especifica la ley de trata 26.842.

Así lo solicitó el juez de la causa, Santiago Inchausti y la visita se concretó días atrás. En este sentido, Montaldo elaboró un detallado informe donde describió las precarias viviendas donde viven las familias: en una de ellas pudo observarse cómo se filtraba la lluvia y la humedad de aquella mañana, las camas estaban armadas con colchones sobre cajones de verdura, que también servían de mobiliario. La instalación eléctrica consta de cables a la intemperie y el espacio que funciona como baño está fuera de las dos viviendas emplazadas en el lugar y no cuenta con sistema de cloacas.

Tras la inspección social se realizó una mesa de trabajo para delinear la estrategia de intervención con representantes de la Jefatura Regional XIX de Educación provincial y de la Secretaría de Salud y de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredón. En este espacio se abordó un proceso de intervención a corto y mediano plazo, a través de la tramitación de un subsidio para la familia que aceptó recibir asistencia, además de recursos materiales para el mejoramiento de su calidad de vida; y a su vez se acordó un seguimiento de la cuestión de salud de las familias, y educativa de los hijos en edad escolar.

Al redactar su informe, Montaldo reparó en que lo visto dista de aquello que plantea la Ley de Trabajo Agrario. “En ningún caso podrán pactarse condiciones o modalidades de trabajo menos favorables que las contenidas en la presente ley”, sostiene en su artículo octavo, donde también especifica cómo deberían ser las condiciones de vivienda, alimentación, higiene y traslado. Al contrastar la realidad de los trabajadores y sus familias en Quinta Gareca, la profesional marcó: “Sus condiciones de vida son paupérrimas, se observa carencia de higiene (…) poniendo en riesgo el estado de salud de las personas que allí viven y los menores, develando  a su vez hacinamiento”.

Más adelante, hizo referencia al contexto de vulnerabilidad en el que están insertas las víctimas “donde lo laboral exhibe gran fragilidad y los sujetos se desenvuelven en condiciones de extrema pobreza”.  Ante ello, planteó que el presunto consentimiento que una víctima pueda aducir en su discurso en estas condiciones “se desdibuja escaseando de contenido sustentable”. “Cuando la dignidad está dañada, porque los derechos han sido vulnerados en su matriz históricamente pero a su vez violentados al someterlos a esas condiciones de vida, la voluntad se vislumbra enajenada”.

Frente a ello, se sugirieron diversas acciones a los fines de revertir este estado de vulnerabilidad en el que los víctimas están subsumidas, que en articulación con los organismos estatales, requiere de recursos materiales pero también de un trabajo donde las personas se constituyan en este proceso en sujetos de derechos. “Asistir y orientar a las víctimas que ingresan al sistema judicial mediante un delito de trata, en el marco de la investigación penal, implica instar a que su estado de esclavitud y explotación cese -en el caso de competencia desde lo laboral-, pero también desde la concepción subjetiva que esos sujetos tengan del trabajo. Y ello se logra otorgándoles a las víctimas derechos humanos, mejorando sus condiciones de vida e insertándolos en el sistema de salud, educacional, otorgando ciudadanía”, expresó Montaldo.