Los fiscales Fernando Alcaraz y Patricia Santoni alegaron ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº1 en el marco de la causa contra una red de trata acusada de explotar sexualmente al menos a 30 mujeres en situación de vulnerabilidad en un boliche "VIP" ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza. Los representantes del Ministerio Público solicitaron la pena de 12 años de prisión para el dueño y administrador del local bailable y principal imputado, Sebastián Solé. El hombre fue acusado también del delito de violencia de género y de haber sobornado a funcionarios públicos para mantener el funcionamiento del boliche.

Además, pidieron nueve años de prisión para un médico acusado de practicar abortos a las víctimas; ocho años y seis meses para la encargada del prostíbulo; ocho años para un hombre acusado de realizar las tareas de mantenimiento y provisión de preservativos; ocho años para dos policías y un inspector municipal, quien habría omitido ejecutar las normas relativas al control sobre el cuestionado boliche a cambio de dinero proporcionado por Solé; cuatro años para los encargados de seguridad del local nocturno, y ocho años para un hombre acusado de explotar a una víctima en particular.

Finalmente, la Fiscalía solicitó el decomiso del inmueble y de todo lo secuestrado en los allanamientos y que el total del dinero, cerca de 3 millones de pesos, se utilice para resarcir a las víctimas.

Mañana, continuarán los alegatos de la defensa y podría llegar a conocerse el veredicto.

El juicio comenzó el 30 de abril y la fiscal Santoni contó con la colaboración del fiscal federal Fernando Alcaraz. Además, participaron de la investigación la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Es la causa por trata de personas más grande que tramitó en la provincia.

Declaraciones

A lo largo del debate oral, declararon los principales acusados y varias víctimas. El primero en hacerlo fue Solé, quien aseguró que en 2008, “por necesidades económicas”, creó una “empresa de servicios” denominada Pyme VIP con intenciones de llevar a la provincia de Mendoza un lugar  “que ofreciera tomar algo, tener compañía femenina, ver un show, que no diera miedo entrar y que fuera limpio y seguro como los que existen en Buenos Aires”.

El imputado dijo que para eso recibió asesoramiento por parte del dueño del reconocido boliche porteño “Cocodrilo” y de Jacobo Winograd, quien tiene dos locales como el suyo. Aseguró que viajó a Buenos Aires y que ambos le dijeron que “funcionan sin problema” en esa provincia.

Detalló que difundió su emprendimiento en televisión; a través de, por ejemplo, anuncios durante partidos de fútbol y el programa Animales Sueltos; en emisoras radiales reconocidas como Rock And Pop; folletería; cartelería; página web, y diarios, “hasta que se prohibió ese medio para publicar”.

Finalmente, relató que las chicas que “trabajaban” en su boliche venían de otras provincias en avión o colectivo y que él, “a modo de atención, les pagaba un tramo” del trayecto. Sus tareas, detalló, consistían en “acompañamiento, pases y venta de tragos”.

Solé indicó que efectuó un "estudio de mercado" antes de abrir el local nocturno y argumentó que mucha gente acude a esos espacios “porque se siente sola, porque necesita contención, que lo escuchen, ya que es más barato que un psicólogo y es menor el trámite, es más inmediata la atención”.

Durante el resto de las audiencias, declararon también el empleado de mantenimiento, la encargada del local, un agente municipal, el médico acusado de practicar abortos a las mujeres que eran explotadas sexualmente en el boliche, dos policías y cuatro víctimas.

Una de ellas indicó que los turnos eran de ocho horas y que gozaban con un franco semanal que no podía ser durante el fin de semana. Agregó que recibían el 50% de los “pases” realizados pero luego les descontaban plata para la limpieza y seguridad.

La mujer se refirió a las “características” que debían reunir para “entrar a trabajar” en el boliche. “Tenían que ser lindas, educadas, no tener muchos tatuajes, tener target y no estar desnudas sino vestidas para provocar”, señaló. Indicó además que los hombres que frecuentaban el local eran de clase media alta y que “no entraba cualquiera”.

Antes de ingresar, los "clientes" pasaban por un detector de metales, las chicas los recibían y ellos las elegían, a lo que no existía posibilidad de negativa. Añadió que, entre ellos, “había gendarmes, policías que ingresaban con las armas reglamentadas, jueces y fiscales”.

Finalmente, otras dos víctimas que declararon durante el debate oral dieron detalles sobre el procedimiento que tuvo la banda cuando ambas quedaron embarazadas producto de la explotación sexual. En ese sentido, identificaron a uno de los imputados como el responsable de haberle practicado los abortos. Aseguraron que el hombre les realizaba “descuentos” si decían que de parte de Solé y que su teléfono estaba pegado en la heladera del lugar como número de referencia. Una de ellas, además, declaró que tenía conocimiento de que el médico había realizado abortos a otras compañeras.

Origen de la causa

La investigación se inició luego de un llamado anónimo realizado el 6 de febrero de 2013 a la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por una mujer, quien afirmó haberse escapado de un prostíbulo denominado “Pyme VIP”. Durante la comunicación, aportó la dirección, el nombre del dueño y los socios, así como el nombre de fantasía con el que hacían conocer a las menores de edad.

El Registro de Personas Desaparecidas remitió la denuncia a la Protex. El equipo encabezado por Marcelo Colombo verificó los datos aportados y comenzó a trabajar en conjunto con la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz.

El 1 de mayo de 2013, se realizaron cuatro allanamientos en el local nocturno; en una clínica médica donde atendería uno de los imputados, y en dos domicilios particulares. Durante los procedimientos, 12 jóvenes fueron rescatadas.

Asimismo, Gendarmería secuestró armas de fuego, dinero, teléfonos celulares, folletería y propaganda del local en distintos formatos, documentos, exámenes médicos de las víctimas, cuadernos con las asistencias, precios de los shows, cajas de preservativos y tarjetas con la leyenda “Sos linda y buscas trabajo” y al dorso “Trabajá en Pyme VIP”.

A partir de la declaración de los testigos, se determinó que la banda atraía a las jóvenes con promesas a través de anuncios publicados en las redes sociales y en el diario cordobés “La Voz del Interior”. En esos mensajes, se promocionaba la búsqueda de chicas “con buena presencia” para trabajar como meseras, bailarinas, promotoras, acompañantes o personal de limpieza. Prometían buenos ingresos y la posibilidad de pagar el pasaje a quienes no residían en Mendoza.

En septiembre de 2013, el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Ricardo Bento, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar la banda, entre los cuales se encontraba Solé, quien  además, las habría sometido a maltrato físico y psicológico.

Las víctimas también relataron que tenían la orden de que ante un posible allanamiento debían dar aviso, cerrar el local y salir por la puerta trasera. Si no lograban escapar, debían decir que el lugar no tenía dueño y que era administrado por ellas mismas y que rotaban aleatoriamente.

Lavado

Para ocultar las actividades ilícitas del prostíbulo "Pyme VIP", Solé habría comprado a través de terceras personas varios inmuebles, vehículos y logística con la finalidad de darle la apariencia de bienes adquiridos con dinero legal.

La explotación habría resultado en un negocio millonario para Solé, que le permitió llevar una vida de lujo: vivir en un barrio privado, manejar un auto de alta gama, utilizar artículos de alta tecnología y y planear viajes (que finalmente fueron impedidos por el proceso iniciado por la justicia), por ejemplo, a Cancún y Panamá.