El Juzgado Federal N°4 de Rosario ordenó el procesamiento de cuatro hombres acusados de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, dictó la prisión preventiva para tres de ellos y el embargo de los bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno.

El pedido había sido realizado por el fiscal Mario Gambacorta, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, quien los acusó de haber captado a dos hermanos, uno de ellos menor de edad al momento de los hechos, con fines de “una explotación equiparable a una reducción a la servidumbre mediante la utilización de violencia física y amenazas”. Los imputados habrían “colocado” dentro de los “búnkers” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que realizaran la venta de estupefacientes en agosto de 2011.

Las víctimas denunciaron que debían realizar turnos de 12, 24 y hasta 48 horas en sitios muy reducidos, antihigiénicos, sin agua, sin comida, sin baño y sin un lugar siquiera para sentarse o acostarse.  Asimismo, aseguraron que no podían salir y que eran amenazados de muerte en caso de que intentaran hacerlo. En ese sentido, durante el allanamiento realizado que concluyó con la liberación de los dos jóvenes, se constató que la edificación donde se encontraba uno de ellos, estaba cerrada con un candado dorado.

El caso cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, que en abril consideró que el empleo de niños y niñas para la venta al menudeo de estupefacientes encuadraría en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La causa se originó en agosto de 2011, cuando una mujer denunció que sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, habrían sido privados de su libertad y que una amiga de uno de ellos habría recibido un llamado de parte de un hombre que  le habría solicitado una suma de dinero por su rescate. A los pocos días, pudieron escapar y declararon ante la Fiscalía Federal N°3 de Rosario. De esa manera, se determinó que la organización se dedicaba a la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad, que utilizaban a niños, niñas y adolescenes a menores de edad, a quienes habrían mantenido encerrados en los “búnkers" y los obligaban, mediante amenazas, a vender la droga a través de una ventana o un agujero en la pared, en condiciones infrahumanas, sin baño, sin comida y en turnos de 12, 24 y hasta 48 horas.

En octubre de 2011, se realizaron allanamientos que arrojaron resultados negativos. Sin embargo, en abril de 2014 se realizaron nuevos allanamientos en cuatro “búnkers” y tres domicilios privados, en el marco de un megaoperativo. Como resultado, se secuestraron drogas y cuatro personas resultaron detenidas; tres de ellos luego fueron procesados por el delito de tráfico de estupefacientes (en la modalidad de tenencia con fines de comercialización).