El Juzgado Federal N°3 de Rosario dictó el procesamiento con prisión preventiva para tres personas acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, dispuso trabar embargos hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno de ellos.

Los imputados -dos mujeres y un hombre- resultaron detenidos luego de tres allanamientos que se llevaron a cabo el 21 de agosto en tres prostíbulos denominados “El bar el Negro Olmedo”, “Azul” y “El rojo”, ubicados en la localidad de General Lagos, en las afueras de la ciudad de Rosario. En esa oportunidad, siete mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas y también se logró el secuestro de distintas armas de fuego.

A partir de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, se pudo determinar que los tres locales estarían relacionados entre sí y que en los lugares habría mujeres extranjeras, en su mayoría oriundas de República Dominicana, y que a su vez en los tres boliches funcionaría un sistema de “copas” y “pases”.

Asimismo,  se pudo establecer que las víctimas arribaban a los lugares en remises y que ellas se harían cargo del 50% del costo del transporte, mientras que la otra mitad de la tarifa sería asumida por los presuntos responsables de regentear los prostíbulos.

Según la declaración de un policía, las mujeres “ingresarían con una deuda monetaria que para poder saldarla tendrían que trabajar ofreciendo servicios sexuales dentro de los establecimientos investigados”. Y agregó que “esa suma serviría para los gastos comunes del inicio de la actividad, como ser la compra de preservativos, papel higiénico, rolisec, prendas íntimas, entonces esta suma funcionaría como enganche, y a partir de ahí las mujeres están todo el tiempo endeudadas con el dueño. Además, esa deuda nunca se saldaría porque constantemente generarían deuda con los encargados y/o dueños…esas deudas se generarían también por motivos de conducta, horarios, trasgresión a ciertas reglas implícitas”.

Por otro lado, el testigo señaló que en el bar “El Negro Olmedo habrían en forma precaria ciertos lugares destinados a la actividad sexual, tanto dentro del lugar como en las afueras que hay un galponcito. A su vez, las mujeres no pueden disponer de su libertad para ir a otro lugar más confortable para llevar a cabo la libertad sexual, ni tampoco pueden elegir con qué persona estar”.

Los responsables habrían ejercido distintos mecanismos de coacción y control respecto a las víctimas ya que, además de retenerles el 50% de sus ganancias durante el período de permanencia en el prostíbulo, llevaban adelante un sistema de vigilancia constante.

Finalmente, el juzgado consideró que a raíz de los elementos recolectados a lo largo de la pesquisa los responsables ejercerían distintos mecanismos de coacción y control respecto a las víctimas ya que, además de retenerles el 50% de sus ganancias durante el período de permanencia en el prostíbulo, llevaban adelante un sistema de vigilancia constante, tanto a través de la presencia de los responsables del lugar o sus encargados, como mediante el aleccionamiento apreciado en el discurso de las víctimas. Estas características responderían a condiciones de permanencia impuestas unilateralmente por parte del dueño y los responsables, lo cual permite sospechar la existencia de una relación de poder que éstos ejercerían sobre las presuntas víctimas del delito investigado.

La investigación

La causa se inició a raíz de las tareas de prevención llevadas a cabo por personal de la Delegación de la Policía Federal Argentina, que daban cuenta de la existencia de tres locales nocturnos ubicados sobre la ruta A012, a la altura de Pueblo Esther y General Lagos. Se sospechaba que allí se llevaban a cabo conductas vinculadas al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

De esta manera, se pudo establecer que las mujeres víctimas ofrecían "sus servicios sexuales en forma indistinta en cada uno de los establecimientos, en caso de que la concurrencia del público sea mayor en alguno de ellos”. Por otro lado, también se pudo determinar que en cada uno de los locales nocturnos funcionaba un servicio de remis para trasladar a las mujeres, que debían hacerse cargo del pago del 50 por ciento de su valor. Asimismo, se constató que el bar “El rojo” había sido clausurado por la Municipalidad en reiteradas ocasiones y que el encargado del lugar había burlado la faja de seguridad.