El juez federal Miguel Medina llamó por quinta vez a indagatoria al ex intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba, involucrado en un caso de trata de personas. El ex funcionario la localidad salteña acusado de trasladar a dos mujeres con fines de explotación sexual, deberá declarar el próximo 2 de marzo, luego de reiterados pedidos del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Salta, Eduardo José Villalba, y de sucesivas apelaciones presentadas por la defensa. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) asiste al fiscal federal en este caso.

Los abogados del ex edil de Salvador Mazza habían logrado suspender las citaciones del 9 de septiembre de 2013, del 22 de noviembre de ese mismo año, del 23 de julio de 2014 y del 10 de marzo de 2015, gracias a la presentación de distintos recursos e incidencias.

Carlos Villalba había sido hallado en uno de los seis locales durante un procedimiento realizado en agosto de 2013, en el marco de seis allanamientos que se llevaron a cabo de manera simultánea en los que se rescató a 70 víctimas de trata. Esta situación derivó en su imputación y el posterior llamado a indagatoria, prevista para el 27 de agosto de 2013. Sin embargo, el imputado fue dilatando su declaración escudándose en que faltaba el pronunciamiento de algún tribunal.

Cómo evitar una indagatoria

En primer lugar, el ex intendente presentó un recurso de revocatoria contra la citación del juez. En esa oportunidad, el acusado se negó a asistir y sostuvo que no existían pruebas que lo incriminen ni sospechas en su contra. Además, argumentó que no había vínculo entre él y los imputados, que sólo tenía con “Marisel” (una de las acusadas) una relación personal y que su sola presencia en el lugar allanado no constituía un delito. También, afirmó que se le imputaba una conducta atípica y que su actuar estuvo dentro del principio de reserva, que constituyó un ejercicio del derecho a la intimidad, sin haber ofendido ni perjudicado a ninguna persona.

El 9 de setiembre de 2013, el juez Medina aceptó este planteo. De esa manera, la causa llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que tampoco hizo lugar a lo solicitado por el imputado. En este sentido, los jueces sostuvieron que el llamado a prestar declaración indagatoria es una facultad discrecional del juez como director del proceso y su disposición resulta un acto inapelable, tal como establece el artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación.

Tras esto, Carlos Villalba apeló la decisión de la Cámara ante Casación. Pero el máximo tribunal penal del país le denegó el recurso argumentando que, desde un punto de vista formal, no resulta admisible, ya que no conformaba una sentencia definitiva. De esta manera, Villalba fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando un último intento que lograra dar una respuesta positiva a su petición. Pero, una vez más, no tuvo suerte ya que esta presentación fue rechazada por inadmisible. Fue así que la causa regresó al Juzgado Federal y, en principio, el ex intedente quedó en condiciones de prestar declaración indagatoria.

Sin embargo, el imputado volvió a realizar una nueva maniobra para dilatar el avance de la causa: como último intento, planteó la incompetencia de la justicia federal para investigar los hechos que le fueran imputados, pero nuevamente la Cámara resolvió en su contra al considerar que debe intervenir ese fuero de excepción.

El caso

La causa se había iniciado el 29 de mayo de 2013, cuando efecivos de la delegación salteña de la Policía Federal tomaron conocimiento de que en la provincia funcionaría una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con informes realizados por la fuerza, en la red intervenían remiseros de la terminal de ómnibus de la capital provincial dedicados a captar mujeres, entre ellas menores de edad, para incorporarlas a la organización criminal.

El fiscal Villalba solicitó entonces seis allanamientos en simultáneo en domicilios privados durante los que fueron rescatadas 70 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, algunas de ellas menores de edad.

Asimismo, seis personas resultaron detenidas y luego procesadas acusadas de integrar una red de trata que operaba con conexiones en Jujuy y en Chile. Los imputados habrían captado mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas al cabaret “Don Quijote”, ubicado en la ciudad de Salta, y “El Señor de la Noche”, situado en Calama, Chile.

En la causa, se investiga también la conexión de la banda con Bolivia y con Brasil, dado que se constató que la hasta ahora identificada como líder de la red registra movimientos migratorios hacia esos países.

El ex intendente Villalba no es el primer caso de un funcionario público involucrado en un caso de trata de personas: ya son cinco los intendentes de diferentes localidades y provincias que son investigados por presunta complicidad en este tipo de delitos.