El fiscal general Marcelo García Berro requirió este lunes la imposición de penas de 13, 11 y 4 años y medio de prisión para los cuatro acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos ubicados en distintas localidades de los partidos bonaerenses de La Matanza y de Morón, en el marco de los alegatos del juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín.

En primer lugar, el representante del MPF solicitó la pena de 13 años para el principal imputado (A.B.) por considerarlo coautor material del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En tanto, requirió 11 años para otro de los imputados (C.D.) por considerarlo partícipe necesario del mismo delito. En ese caso, la pena solicitada es el resultado de la unificación con una anterior de seis años de prisión, dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín por los delitos de trata y explotación económica de la prostitución ajena.

Para el fiscal, a lo largo del debate quedó demostrado que ambos acusados, durante los meses de diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, acogieron a la víctima que declaró en la primera audiencia con fines de explotación sexual mediante el engaño, violencia, amenazas y “otros medios de intimidación o coerción”, abusando de su situación de vulnerabilidad en boliches ubicados en la localidad de Virrey del Pino, Morón y Ramos Mejía. Para el representante del MPF, junto a ellos intervinieron en el hecho más personas de manera organizada.

Además del delito de trata, García Berro los acusó de promoción y facilitación de la prostitución ajena, explotación económica de la prostitución ajena, administración, sostenimiento y regenteo de una casa de tolerancia en concurso ideal entre sí.

Por otro lado, el fiscal solicitó la pena a cuatro años y medio de prisión para otros dos imputados (E.F. y G.H) en calidad de partícipes necesarios en el delito de trata de personas, cuádruplemente agravado por los medios comisivos, por abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la participación de tres o más personas, la cantidad de víctimas -enumeró once-, y por haberse consumado la explotación, promoción y facilitación de prostitución ajena. El fiscal consideró que la conducta de los acusados estuvo agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la explotación económica de la prostitución ajena y la administración, sostenimiento y regenteo de una casa de tolerancia.

Para el fiscal, estos dos imputados participaron junto a A.B. del segundo hecho que llegó a debate oral y público: consistió en haber intervenido en el acogimiento o colaboración para la explotación sexual de once víctimas para así tener un provecho económico mediante el abuso de su situación de vulnerabilidad, lo cual tuvo lugar desde fines de enero de 2015 y mayo del mismo año en un prostíbulo ubicado en González Catán.

Además, el fiscal solicitó el decomiso del dinero y de tres vehículos -secuestrados durante los allanamientos-, que fueron utilizados para trasladar a las víctimas que rotaban entre los diferentes locales nocturnos.

El juicio comenzó el 17 de octubre y contó con las declaraciones de, entre otros testigos, cuatro víctimas más. El debate continúa hoy con los alegatos de las defensas.