28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal federal Carlos Hernán García
Solicitaron enjuiciar a un acusado de explotar inmigrantes en un taller clandestino
Las víctimas, todas ellas en situación de extrema vulnerabilidad, convivían en paupérrimas condiciones en el mismo domicilio donde eran sometidas a extensas jornadas de trabajo. El representante del MPF requirió que se lo juzgue por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El fiscal Carlos Hernán García, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal n°2 de Morón, requirió la elevación a juicio de las actuaciones que tienen como imputado a un ciudadano de nacionalidad boliviana, Javier Aruquipa Huanca, acusado de haber captado y acogido a inmigrantes para –mediante engaños y aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraban- explotarlos laboralmente en un taller textil ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El representante del Ministerio Público Fiscal indicó además que el acusado deberá responder también por el delito de facilitación de la permanencia ilegal de dos ciudadanos bolivianos con el fin de obtener un beneficio económico.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la sede del Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI). En la misma, se daba cuenta del supuesto funcionamiento de un taller de costura ubicado en la calle Naón 774, de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, y que las familias que allí vivían serían sometidas a extensas jornadas laborales a cambio de una paga ínfima. Las tareas de campo encomendadas a la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina lograron constatar la existencia del referido taller clandestino, así como identificar a las personas que ingresaban y egresaban del mismo, y a las familias que allí residían y eran explotadas, con dos hijos menores cada una de ellas, de entre 4 y 12 años.

Asimismo, los seguimientos permitieron establecer el destino de la mercadería hacia otros talleres clandestinos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sumado a ello, se practicaron intercepciones telefónicas que establecieron con claridad el desarrollo de la actividad textil al interior del domicilio denunciado.

En base a las pruebas recolectadas, el 22 de junio de 2016 se llevó a cabo el allanamiento al inmueble, en un procedimiento que contó con la participación de personal policial, de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la secretaría de Control Comunal y Dirección de Clausura de la Municipalidad de La Matanza, de la División Fiscalización de la Seguridad Social de la AFIP y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Se verificó la existencia de dos talleres textiles con 17 máquinas de coser y bultos con cortes de tela de jean, y de construcciones precarias que funcionaban como dormitorios, cocina y baño para los dos grupos familiares que fueron individualizados.

Condiciones deplorables

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal García recordó que los representantes de los distintos organismos que participaron del procedimiento constataron las irregularidades impositivas, migratorias, laborales y de seguridad social de los trabajadores, como así también la carencia de habilitación, higiene y condiciones de seguridad del lugar. En este sentido, mencionó que la secretaría de Control Comunal y Dirección de Clausura de la Municipalidad de La Matanza detalló en un informe las “deplorables” condiciones edilicias verificadas, ya que se hallaron cables sueltos, la producción desparramada en el suelo, carencia de llaves térmicas y extintores, entre otras falencias. Uno de los testigos describió el lugar como “precario, ‘podría decir en ruinas’”; indicó que había telas y basura por los pisos; que el domicilio se encontraba cerrado con llave y que las personas que se encontraban allí referían que no tenían la llave “por lo que el personal policial debió abrir la puerta de ingreso por la fuerza”.

Calificación legal

En su presentación, el representante del MPF destacó que el acusado acogió a las víctimas mediante engaños y en claro provecho de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban con el fin de obtener un beneficio económico a partir de su explotación laboral en el taller textil, donde debían vivir y confeccionar prendas “bajo paupérrimas condiciones y exiguo e incierto salario”.

“A esta altura, no caben dudas que Javier Aruquipa Huanca captó sus voluntades mediante una tentadora oferta de trabajo –‘casa y comida gratis’-y condiciones que a la postre resultaban difícilmente posibles de cumplir, pues el volumen de prendas que debían confeccionar para obtener un pago (dos o tres cortes de aproximadamente 500 pantalones cada uno) conllevaba un tiempo de producción que excedía el mes –alrededor de dos meses y medio-, consecuentemente no percibían una remuneración mensual, a menos claro, que también trabajaran los fines de semana y feriados, o ayudara en esa labor la esposa o esposas de los trabajadores”, destacó García.

En ese marco, indicó que el imputado deberá responder en el debate oral y público como autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en su modalidad de captación y acogimiento, agravado por la utilización de engaño, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y resultar tres o más sus víctimas, en concurso ideal con el delito de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional con fines de explotación.