El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez,  la elevación a juicio de la causa que tiene a un hombre acusado de explotar laboralmente a cuatro trabajadores -entre quienes se encontraba una mujer embarazada- en un taller clandestino dedicado a la confección de corpiños ubicado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Los hechos habrían ocurrido en una fecha incierta pero anterior al 8 mayo del corriente año, cuando se realizó el allanamiento en el lugar. La captación se realizó mediante una propuesta laboral engañosa llevada a cabo por el hermano del imputado en el Estado Plurinacional de Bolivia, de donde son oriundos tanto el acusado como las víctimas. El acusado se habría hecho cargo del traslado para luego recibirlos y acogerlos en su taller de costura clandestino para obtener un beneficio económico.

El acusado fue considerado por el fiscal como autor penalmente responsable del delito de ofrecimiento, captación, traslado y acogimiento de cuatro personas en situación de vulnerabilidad con fines de explotación laboral, agravado por la mediación del engaño.

La pesquisa comenzó luego de que tres de las víctimas, dos mujeres y un hombre, fueran echadas del taller y realizaran la denuncia ante la policía sobre la situación de explotación que estaban padeciendo, lo cual desencadenó el allanamiento en el taller y la detención del imputado. Además, en esa oportunidad se logró la liberación de la cuarta víctima, quien permanecía en situación de explotación laboral junto a su hijo recién nacido.

Para el fiscal, a lo largo de la investigación quedó demostrado que las víctimas “realizaban las tareas laborales bajo un contexto de absoluta informalidad laboral, sin hallarse registrados ante ninguno de los organismos de control, sin horarios de trabajo ni de descanso, sin recibir una paga en tiempo, forma y acorde a la magnitud de las tareas realizadas, hallándose a total merced de los requerimientos de su ‘empleador’ que los sumergían en un contexto de ‘explotación laboral’“.

“No quedan dudas que la libertad ambulatoria de las víctimas se encontraba restringida por cuanto no contaban con las llaves del inmueble y se encontraban bajo el ‘cuidado y guarda’ del imputado en su propio domicilio, quien ejercía un rol de autoridad sobre todos (…), todos ellos subordinados a sus órdenes y permisos, y bajo una situación de vulnerabilidad, desconocimiento geográfico del lugar donde vivían y falta de dinero, que limitaban su autodeterminación y voluntad”, añadió el representante del MPF en su dictamen.

El caso

La investigación del caso se inició el 7 de mayo cuando una mujer se comunicó a la línea 911 para denunciar que dos mujeres y un hombre se habían presentado en su kiosko, ubicado en el mismo barrio que el taller, y llorando le relataron que los habían echado del lugar donde vivían y que querían llamar a la policía. Manifestaron que eran de nacionalidad boliviana y que habían llegado al país hacía un mes y medio para trabajar en un taller donde fueron obligados  a realizar jornadas de día y de noche en las máquinas de costura y que no les pagaban a pesar de que les habían prometido.

La mujer detalló que los acompañó a los tres hasta el domicilio del imputado y que el hombre les prometió que iba a pagarles. Sin embargo, al día siguiente las tres víctimas volvieron al kiosko y le contaron a la mujer que la plata que el hombre les había dado no les alcanzaba para volver a su país. Como consecuencia, la mujer decidió hacer la denuncia a la línea 911.

En consecuencia, se dispuso la intervención de profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, quienes entrevistaron a las víctimas. En esa oportunidad, los trabajadores declararon que el tallerista y su pareja, ambos de nacionalidad boliviana, eran los responsables del lugar.

Las dos víctimas mujeres dijeron haber tomado conocimiento del trabajo a través del hermano del imputado, quien les ofreció viajar a Argentina para trabajar en dicho taller, donde les proveerían alojamiento, comidas y les costearían los traslados de ida y vuelta. Añadieron los tres que viajaron en colectivo y que arribaron al taller el 25 de marzo de 2017 por la noche. Sostuvieron que, una vez ahí, el imputado les dijo que les pagaría 4500 pesos el primer mes “porque no saben hacer nada”, con la promesa de aumentarles a 5000 pesos el mes siguiente.

Con respecto a los días y horarios de trabajo, las víctimas expresaron que era de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 y de 14.30 a 21.00 y los sábados de 7.00 a 14.00, contando con diez minutos a media hora para el almuerzo. Sin embargo, los tres comentaron que con frecuencia trabajaban hasta la madrugada (aproximadamente hasta las 7.00), especialmente los viernes, que era el día anterior a la entrega de pedidos. En caso de negarse, les descontaban dinero de su salario.

Acerca del lugar destinado a la vivienda y el descanso, expresaron que los tres dormían en un depósito donde había cajas de corpiños mal confeccionados. Refirieron que la vivienda contaba con un solo baño, que se encontraba en pésimas condiciones de higiene y que las comidas consumidas durante sus jornadas laborales eran provistas por los responsables del taller, pero que solían ser escasas. Uno de los entrevistados expresó que “a veces cuando comía sentía gusto a tierra” y aclaró que todo el lugar, incluida la cocina, se encontraba en pésimas condiciones de higiene ya que “había muchos insectos y cucarachas”. Asimismo, señaló que los domingos debían costearse con medios propios los alimentos.

Una de las personas entrevistadas refirió que no contaban con agua caliente para bañarse y que al solicitarle permiso al imputado para calentar agua en una olla, el hombre se había negado aduciendo que ellos no pagaban el servicio de gas.

Consultados respecto de otras personas que se encontraban trabajando en el lugar, mencionaron a una mujer que estaba allí alojada junto a su hijo de, aproximadamente, dos meses y que la mayoría del tiempo el niño se encontraba solo en una cama, ya que el tratante no dejaba que la madre dejara de trabajar. La mujer, que parió en marzo en situación de trata y que fue trasladada por el tallerista hasta un hospital ubicado en la misma localidad para luego regresar al local, indicó además que posteriormente no la dejaron ir al médico a realizarle los controles a su hijo.

Finalmente, todos coincidieron en que no tenían llaves del lugar y una de ellas dijo que el lugar solía estar cerrado con candado y que, en caso de necesitar salir del inmueble, debían pedirle permiso al imputado.