La Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata, a cargo de Pablo Larriera, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitaron al Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata la elevación a juicio de una banda acusada de trata de personas con fines de explotación sexual. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ha quedado corroborado que Luis Germán Ituarte, su hermana Andrea Ituarte, Paula Giménez, y Gisela Sama, de forma organizada y en connivencia con el ciudadano español José Francisco Carlos Serrano Sanz, habrían engañado, a través de falsas ofertas laborales, al menos a siete mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas desde Mar del Plata hacia Madrid. Allí, las habrían explotado sexualmente en un boliche denominado “Club El Mirador”, a cambio de importantes sumas de dinero en noviembre de 2012.

Además, las mujeres, cinco argentinas y dos de nacionalidad paraguaya, habrían sido privadas de su libertad y sometidas a maltratos físicos y psicológicos. Asimismo, habrían sido amenazadas, nunca recibieron el dinero que les habían prometido y les retuvieron los documentos.

Esta situación de explotación culminó cuando las víctimas lograron escapar y pedir ayuda a un cuidador que se encontraba a unas tres cuadras del lugar, quien dio aviso a la policía. Inmediatamente, fueron trasladadas al Consulado Argentino en la ciudad de Madrid donde realizaron la denuncia y pidieron volver de inmediato a la Argentina.

Luis Germán Ituarte, Paula Mariela Giménez, Gisela Jazmín Sama están acusados de ser co-autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Andrea Fabiana Ituarte está imputada en calidad de partícipe secundaria.

Cómo funcionaba la banda

El principal imputado, Luis Germán Ituarte, no sólo participaba en la captación de las víctimas a través de las falsas ofertas laborales realizadas en el departamento de su hermana, sino que era quien coordinaba todo lo relacionado con los preparativos para el viaje. Así, con la colaboración de sus co-imputadas, realizaba las gestiones para que las víctimas contaran con la documentación necesaria para salir del país. Para ello, junto con su hermana Andrea, abonaba los pasaportes de las mujeres –generando de esa forma una deuda inicial– y, además, coordinaba con la agencia de turismo “Altair” la reserva de los pasajes.

El hombre les dio las instrucciones precisas acerca del modo en que debían comportarse para salir del país e, incluso, les dio dinero, aproximadamente dos mil euros, para exhibir ante Migraciones al llegar al país europeo y de ese modo sortear los controles que allí se efectuaban. Ese dinero debía ser devuelto después. Ituarte también fue quien, una vez en el “Club El Mirador”, controlaba a las mujeres en todo momento, ya que en los horarios en los que no se encontraban “trabajando” seguían bajo su órbita. Según declararon las víctimas, no las dejaba salir del lugar, no les daba el dinero acordado y ejercía violencia sobre ellas.

Además, Ituarte se encargó de financiar los gastos destinados a que las víctimas tramitaran con la mayor celeridad posible sus pasaportes. Luego, junto a otros integrantes de su familia, trasladó a las víctimas hacia el aeropuerto local, mediante el servicio prestado por la empresa “Manuel Tienda León”, para que embarcaran en un vuelo hacia España.

Ante la Fiscalía, las mujeres engañadas y explotadas señalaron que fue Ituarte quien les dio recomendaciones acerca de cómo manejarse, qué decir y demás cuestiones con el objetivo de que no se generen sospechas en cuanto al verdadero fin del viaje.

El traslado a España se llevó a cabo en tres grupos: uno el 16 de septiembre de 2012, otro el 1 de noviembre de 2012 y el 13 de noviembre de 2012, cuando las víctimas viajaron acompañadas por los diferentes imputados.

Por su parte, Gisela Jazmín Sama se ocupó de captar a las mujeres a través de las falsas ofertas laborales y el posterior acercamiento a Luis Germán Ituarte y a Paula Mariela Giménez. Asimismo, acompañó a tres de las víctimas a gestionar sus pasaportes.

Además, está acusada de haber amenazado a la familia de una de ellas el 20 de noviembre de 2012, para que no realizaran la denuncia correspondiente.

En cuanto a Paula Mariela Giménez, se encargó  de gestionar la documentación de las víctimas, previamente a los viajes. En esa línea, se encontró con varias de ellas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para acompañarlas a tramitar sus pasaportes, que eran costeados con dinero de Ituarte. Además, en su auto particular, trasladó a las víctimas desde su casa hasta el aeropuerto local y viajó con uno de los grupos hacia España. Una vez allí, las acompañó a comprar ropa, con dinero que luego se les descontaba de las “ganancias”.

Finalmente, Andrea Fabiana Ituarte está acusada por aportar  el departamento donde se realizaban las entrevistas con las víctimas. En tanto, el 13 de noviembre de 2012 trasladó al menos cuatro víctimas hacia el aeropuerto local en su vehículo particular y colaboró en la gestión relacionada a la compra y coordinación de los pasajes de las víctimas. Por otra parte, es titular de las líneas telefónicas utilizadas por la organización y es co-titular de las cuentas bancarias, sociedades comerciales e inmuebles de Luis Ituarte.

También se les atribuye a Luis Ituarte y Paula Giménez el haber tenido en su poder un arma calibre .38, que fue secuestrada durante el allanamiento realizado en uno de los domicilios de la ciudad de Mar del Plata.

El patrimonio de la banda

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, “el entramado económico y el aspecto patrimonial, han tenido un papel preponderante” en esta causa ya que “la organización criminal debió contar para ello de vastos recursos económicos”. En ese sentido, hicieron hincapié en “la magnitud de la empresa delictiva”, propietaria de un porcentaje del bar en España, del departamento en el cual se llevaron a cabo las entrevistas para la captación de las mujeres, de una agencia de automóviles, la financiación de más de nueve pasajes de avión con destino a Europa. Además del dinero entregado a cada una de las víctimas para lograr sortear los controles migratorios y los gastos de los trámites de documentación, pasaportes y traslado al aeropuerto de Ezeiza, entre otros.

Al respecto, detallaron que entre los bienes que se encuentran embargados con fines de decomiso se halla el departamento donde se realizaban las entrevistas a las víctimas, a nombre de Andrea Fabiana Ituarte.

Por otro lado, el dictamen de los fiscales mencionó la denuncia penal presentada contra Luis y Andrea Ituarte, sin poder descartar de momento al resto de los investigados, la falta de declaración ante los organismos tributarios de la actividad por ellos desarrollada en la agencia automotor ubicada en la ciudad de Mar del Plata.

“En síntesis, la circunstancia descripta, la organización y forma de administración patrimonial que llevaban a cabo los imputados no ha permitido identificar claramente las cosas o ganancias producto o provecho del delito que posibilite”, concluyeron los fiscales.