17 de diciembre de 2017
17 de diciembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Balance y proyecciones
A dos años de la creación del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores
A través de colaboraciones con fiscales no penales y unidades fiscales y procuradurías especializadas, el equipo encabezado por la fiscal general Gabriela Boquín consiguió resultados relevantes en expedientes vinculados, por ejemplo, a créditos para el consumo, acceso gratuito a la justicia, tarjetas de crédito, medicina prepaga, datos personales de consumidores y secuestros prendarios, entre otros.

El Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores de la Procuración General de la Nación, dirigido por la fiscal general Gabriela Boquin, fue creado el 18 de septiembre de 2015 por Alejandra Gils Carbó, a través de la resolución PGN N°2968/15. Desde ese día, el equipo encabezado por la fiscal general Gabriela Boquin e integrado por el coordinador Gonzalo Martín Rodríguez y Gabriela Nucciarone, Juan Brun, Natalia Di Salvo y Segundo Mendez Acosta realizó casi 1100 intervenciones en colaboración con fiscales no penales, unidades fiscales y procuradurías especializadas, además de actividades de capacitación con la intención de cumplir con el rol que la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor otorgaron al Ministerio Público Fiscal. Precisamente, esa norma lo obliga a actuar como fiscal de la ley cuando no interviene como parte. Además, establece que frente al desistimiento o abandono de la acción por parte de las asociaciones de consumidores legitimadas, debe asumir la titularidad activa.

En relación a la protección de consumidores hipervulnerables, se consideró la reparación integral de una adolescente que sufrió diferentes daños físicos durante su viaje de egresados; y la procedencia de una medida cautelar en favor de un menor de edad con síndrome de down, a quien se le había interrumpido arbitrariamente la provisión del servicio de Internet. En ambos casos, se destacaron los derechos personalísimos fundamentales que se encontraban en juego y que hacen a la dignidad de toda persona humana, los cuales fueron reconocidos por los tribunales intervinientes.

Igualmente, se analizó la suscripción de pagarés firmados dentro de un casino, como sustento de créditos destinados al juego y apuesta, calificando a los jugadores como usuarios y considerándose que la práctica además de irregular alentaba la ludopatía.

En cuanto a los adultos mayores, se logró que los Tribunales anulen diferentes aumentos de cuotas realizados por empresas de medicina prepaga.

También, se impulsó la actuación para la entrega de un automotor cero kilómetro a quien había obtenido su adjudicación en el marco de un contrato de círculo de ahorro previo, como así también responsabilizar a una importadora por los defectos de fábrica que presentaba un vehículo.

Por último, recientemente se efectuaron diferentes consideraciones sobre la vulneración de los derechos de un usuario de tarjeta de crédito, quien sufrió el duplicado de su plástico y la extracción de dinero de su cuenta. En esa oportunidad, el tribunal compartió el criterio de la Fiscalía al considerar que el proceder de la entidad demandada, que se negaba a dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, propia del servicio que presta, provocó la desprotección de la dignidad del usuario, y consideró que la aplicación de daños punitivos resultaba totalmente viable. En efecto, se tuvo en consideración el desgaste generado en el consumidor en requerir el auxilio del Ministerio Público y del Poder Judicial para que la entidad diera cumplimiento a lo convenido.

El Programa de Usuarios y Consumidores realizó en dos años casi 1100 intervenciones en colaboración con fiscales no penales, unidades fiscales y procuradurías especializadas.

Colaboración con fiscales no penales

El Programa colaboró con 1152 actuaciones referidas a distintas temáticas. Por ejemplo, se realizaron 65 informes técnicos de cooperación, referidos a la aplicación e interpretación de la ley 24.240, los cuales fueron requeridos por las Fiscalías de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°6, la Fiscalía General ante la Cámara Civil y el Juzgado Nacional en lo Comercial N°8, Secretaría 16.

Entre ellos, se destaca la colaboración con el fiscal Miguel Angel Gilligan, quien asumió el rol de parte en la acción colectiva caratulada “PROCONSUMER c/ Compañía Panameña de Aviación SA” Expte. N° 2641/2009, por la práctica denominada “overbooking” en el mercado de aviación.

Colaboración con Procuradurías y Unidades Especializadas del Ministerio Público Fiscal

Se interactuó con otras estructuras especializadas del MPF realizando un abordaje integral de las distintas problemáticas que se presentaron y que afectaban a la protección de los usuarios y consumidores.

En tal sentido, resulta relevante destacar el informe técnico de cooperación elaborado a solicitud de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), en donde se analizaron las condiciones e información del otorgamiento de créditos por el programa Argenta, administrado por ANSES, como así también el informe técnico de cooperación requerido por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con la cual que se confeccionó un proyecto de acción preventiva en el marco de una investigación sobre la omisión de difundir en el mercado de capitales información relevante por la venta del paquete accionario de “Petrobras Argentina”.

Teniendo en cuenta que el acceso a la justicia resulta ser una temática medular para lograr una efectiva protección de los consumidores y usuarios, sumado a que ese acceso se ha fijado como una política central del Ministerio Público Fiscal, el Programa de Protección de Usuarios y Consumidores efectuó diferentes interacciones con la Dirección General de Acceso a la Justicia –ATAJO-. Entre las distintas tareas se destacan la asistencia de los integrantes del Programa de Protección de Usuarios y Consumidores en las sedes de ATAJO existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un mínimo de tres visitas a cada una.

Asimismo, se realizaron actividades conjuntas como la que se hizo en el centro de jubilados del barrio Mitre con el objetivo de divulgar los derechos que los adultos mayores poseen en su calidad de consumidores y/o usuarios.  A los fines de dotar de herramientas técnicas sobre la temática, el coordinador del Programa, Gonzalo Martín Rodríguez, brindó una capacitación dirigida a los coordinadores territoriales de cada sede donde se encuentra ubicado ATAJO.

La Ley de Defensa del Consumidor obliga al MPF a actuar como fiscal de la ley cuando no interviene como parte y establece que, frente al desistimiento o abandono de la acción por parte de las asociaciones de consumidores legitimadas, debe asumir la titularidad activa.

Capacitación y difusión de los Derechos de los Consumidores y Usuarios

En materia de capacitación de los derechos de los consumidores y usuarios, se llevaron a cabo las “Jornadas por el día internacional del Consumidor”; las “Jornadas de Derecho Procesal del Consumo”; y las “Jornadas sobre nociones fundamentales del derecho del consumo: ¿Cuándo aplicar la ley 24.240?”. También se llevó a cabo un curso-taller sobre “Unificación de Procesos Colectivos”, en el cual participaron distintas Asociaciones de Defensa de los Consumidores; un curso referido a “El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en la Protección de Consumidores y Usuarios”; y otro sobre “Sobreendeudamiento del consumidor”. Además se organizó un seminario abierto a toda la comunidad sobre “Cuestiones actuales del Derecho del Consumo”.

A ello, se sumó la participación de la fiscal Boquin, junto a funcionarios y empleados, en numerosas actividades académicas y científicas organizadas en todo el país por diferentes instituciones. Entre ellas se destacan las Jornadas sobre “El rol del MPF en la defensa del consumidor”, organizada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires; las VI y VII Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo, organizadas por los Institutos de Derecho del Consumo del Colegio de Abogados de Mar del Plata y San Isidro; las Jornadas de Actualización sobre Cuestiones Actuales y controvertidas de Derecho Societario, Concursal y del Consumidor; y el Congreso Nacional sobre los Aspectos Empresariales en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, en octubre próximo, la titular del Programa, su coordinador y una colaboradora del equipo, junto con el coordinador de ATAJO, Julián Axat, participarán de la actividad propuesta por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, denominada “Jornada de capacitación para usuarios y consumidores”, y se dictará un curso “on line” (modalidad a distancia) sobre las acciones colectivas en el derecho del consumo, de cinco semanas de duración.

Con relación a la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios, el Programa confeccionó recomendaciones para las compras durante los “Hot Sale”, teniendo en cuenta que las transacciones por internet suelen ocupar los primeros lugares de los rankings de reclamos.

Intervención estratégica

La intervención estratégica del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores en diferentes temáticas contribuyó a la fijación de criterios jurídicos sobre cuestiones de dudosa interpretación en el ejercicio cotidiano de la defensa de los consumidores y usuarios.

De este modo sobresale la defensa para garantizar un verdadero acceso gratuito a la justicia que, a pesar del reconocimiento legal, muchas veces se ha negado tanto a los usuarios y consumidores, como a las asociaciones que los representan.

Se ha desarrollado en materia de análisis de procedencia de los acuerdos colectivos presentados para su homologación, teniendo en cuenta la justa composición de intereses de las partes involucradas, pero principalmente materializando una real protección de los sujetos vulnerables, tal como lo dispone nuestra Constitución Nacional.

El Programa de Usuarios y Consumidores se ha propuesto confeccionar dos proyectos legislativos: uno en materia de títulos de créditos y otro de sobreendeudamiento de consumidores.

La falta de regulación específica de las acciones colectivas en nuestro país ha generado significativos inconvenientes en la praxis habitual que el Programa, a partir de sus intervenciones, ha intentado sortear. Fundamentalmente en materia de unificación de procesos colectivos, legitimación procesal y publicidad.

En base al trabajo desarrollado, se han logrado cambios jurisprudenciales, fundamentalmente en materia de secuestros prendarios planteados por entidades financieras en el marco de relaciones de consumo, en ejecución de pagarés que vulneran los derechos de los consumidores, y también en cuanto al alcance del beneficio de justicia gratuita, tanto en acciones individuales como colectivas, entre otras.

El futuro próximo

El Programa tiene varios proyectos de trabajo, además de continuar con la labor ya desarrollada. En este sentido, se ha propuesto confeccionar dos proyectos legislativos: uno en materia de títulos de créditos y otro de sobreendeudamiento de consumidores. También desarrolla una investigación referida a “La abusividad del incremento del precio de las cuotas en planes de salud por razones de edad”, y trabaja en la elaboración de un cuadernillo que reúna los resultados de gestión con los criterios asumidos en dictámenes e informes de colaboración, y la jurisprudencia más relevante.

El compromiso hacia el futuro es fortalecer al Ministerio Público Fiscal, con el fin de materializar y cumplir la fundamental función que la Constitución nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley 27.148 le han otorgado.