El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Abel Córdoba, y el coordinador del Programa Nacional de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público, Julián Axat, participaron de los paneles "Todo preso es político" y "La policía dispara, la justicia también", en el marco del
"Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular”, organizado por la “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional” en el Congreso de la Nación.

Cárceles "infrazoológicas"

El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional fue muy crítico de la situación carcelaria en su intervención en el panel "Todo Preso es Político". Abel Córdoba dijo que al ingresar a una celda es posible encontrarse a una persona que fue golpeada y que desde hace 24 horas permanece "desnuda y sin comer", como por ejemplo pudo constatarlo en la Alcaidía del Palacio de Justicia. También, recordó el caso de un chico quemado que agonizaba en la cárcel de Rawson.

El representante del Ministerio Público aseguró que esas situaciones no son excepcionales; y que, por el contrario, la suma de crueldades es la que convierte a las condiciones de vida en las cárceles en "infrazoológicas".

Señaló además que "la crueldad extrema de agentes penitenciarios no se resuelve con un plan de capacitación", y sostuvo que el hecho de que un guardiacárcel reviente a patadas la cabeza de un detenido provocándole pérdida de masa encefálica "no se debe a un problema de formación". Agregó que en las cárceles argentinas fallece un detenido cada 37 horas y que no mueren más como consecuencia de la juventud y "la resistencia biológica" de los presos.

Además, el titular de la Procuvin explicó que es "muy difícil lograr que se condene a agentes penitenciarios por el delito de torturas", ya que es necesario aplicar la jurisprudencia de los juicios por delitos de lesa humanidad en la que es fundamental el testimonio de la víctima, pero que en el caso de los presos comunes la corporación judicial "no los escucha, les anula la palabra, y cualquier cosa que digan se la descalifica y considera mentira".

Córdoba resaltó que “la inmensa mayoría de los detenidos son pobres; que no existe ningún pabellón de “vaciadores” de bancos, y que eso es consecuencia de la concepción clasista del Poder Judicial”. Y agregó: “las personas siguen siendo encerrradas por lo que son, no por lo que hacen”.

Sobre la estigmatización que sufren diversos grupos sociales, Abel Córdoba aportó datos duros acerca del incremento de la tasa de encierro preventivo, que en este momento alcanza al 52% de los alojados en las cárceles, pero asciende al 81% entre jóvenes y mujeres. Además, definió a las cárceles como "un dispositivo social de exclusión y segregación"; y remató con que "el sistema penitenciario entra en crisis cuando ocurre una fuga pero no cuando mueren detenidos, ya que la crueldad reafirma a la cárcel”.

También, hizo hincapié en la necesidad de democratizar a las agencias que se ocupan de la seguridad, tanto la policial, como la penitenciaria y analizó que en la justicia hay quiebres, que no es monolítica, y que la agrupación “Justicia Legítima” es una expresión de ello. El representante del Ministerio Público concluyó que “es necesario revisar todo el sistema punitivo”.

En el panel, coordinado por el diputado del Frente para la Victoria, Remo Carlotto, también intervinieron la jueza de Cámara e integrante de Justicia Legítima Mirta López González; el presidente del Comité contra la Tortura de Chaco, Mario Bosch; la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento, y Daniel Luna en nombre del Sindicato de Personas Privadas de la Libertad.

La justicia como derecho

Por otra parte, en la mesa redonda coordinada por Leonardo Rebolino, se disertó sobre la Violencia Institucional y el Derecho de Acceso a la Justicia. Participó el coordinador del Programa Nacional de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat; junto a Rosa Bru, de la Asociación Miguel Bru; la mamá de Facundo Rivera Alegre, Viviana Alegre; el juez de la Cámara de Casación penal, Alejandro Slokar; el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla; el defensor General de la Provincia de Sanra Fe, Gabriel Ganón, y la directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky.

Axat analizó que “la actual demanda ciudadana de seguridad tiene que ver con procesos de descomposición social histórica de los lazos comunitarios. Pero también, es un correlato de los niveles de inflación punitiva y mediática que producen imaginarios reproductores de inseguridades por sensación que lleva a profecías autocumplidas y a escenarios de aprovechamiento por parte de empresarios morales y candidatos electorales que hacen de las campañas de ley y orden sus slogans”.

El coordinador del Programa Nacional de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF expresó su preocupación al considerar que “se ha cedido demasiado espacio en los territorios a las agencias policiales sin tener en cuenta sus tradiciones autoritarias”; y que “la inseguridad popular es la verdadera inseguridad”.

Aseguró además que “por ese motivo es necesario repensar el rol de las agencias de justicia hacia los territorios para que contrarresten y realicen un fuerte control sobre las policías; un cambio de rol de las agencias judiciales que esté en sintonía con la recuperación del proceso institucional de 'legitimidad de justicia', y que para ello se transverzalice al aparato judicial realizando todo tipo de acciones que tiendan a la inclusión y compromiso con el débil".

En ese sentido, sostuvo que “el trato más digno, justo y solidario hacia los más vulnerables exige la redefinición del comportamiento clásico de las agencias judiciales que controvierta, entre otras cosas, el sesgo de revancha o de disciplinador de clase". Afirmó que ese cambio no implica remover "cristalizados obstáculos en los canales de ingreso" al sistema.

Axat subrayó que “las comunidades originarias; las fábricas recuperadas; los niños, niñas y adolescentes; los trabajadores no registrados; las mujeres víctimas de violencia de género, abuso y explotación sexual; la tercera edad; la discapacidad; las víctimas de violencia institucional; los pobres en general; los consumidores; las minorías sexuales; los migrantes, todos ellos necesitan ser visibilizados de una manera especial por el sistema de justicia argentino, para recibir un mejor trato, por su especial condición, y que nunca más tengan un trato punitivo y de tipo policial”.

El representante del MPF señaló que es imprescindible profundizar el proceso vincular entre los operadores judiciales y los más vulnerables, y que "las iniciativas en ese sentido son las que marcarán a una nueva generación en los procesos de cambios históricos que todos ansiamos y deberíamos empujar”.