El fiscal Eduardo Marina alegará mañana en el juicio oral que se sigue a cuatro ex policías federales de la División Defraudaciones y Estafas y a un ex secretario judicial, acusados por privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en el emblemático caso que tuvo como víctima a Juan Carlos Bayarri, por el que fue condenado en 2008 el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hombre, quien entonces tenía 41 años, permaneció casi trece años detenido, luego de que lo obligaran a confesar bajo torturas que había participado en varios hechos de secuestros extorsivos, entre ellos el del empresario y hoy jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Bayarri era sargento retirado de la Policía Federal y junto a su padre, Juan José, fueron secuestrados el 18 de noviembre de 1991 en Avellaneda. Juan Carlos fue llevado a un lugar clandestino de detención, donde fue torturado física y psíquicamente por un grupo de efectivos de la PFA, algunos de los cuales son los que llegaron acusados a este juicio. Su padre, en tanto, estuvo secuestrado en otro lugar que no se pudo determinar hasta que fue liberado al día siguiente.

El juicio oral, que está llegando a su fin, comenzó el 23 de octubre del año pasado, casi 22 años después de los hechos. Los policías que llegaron acusados al debate son los entonces subcomisarios Carlos Alberto Sablich (63 años) y Carlos Jacinto Gutiérrez (63); el entonces principal Alberto Alejandro Armentano (52) y Julio Roberto Ontivero (81), quien actuaba a las órdenes de Gutiérrez. 

La nómina de acusados se completa con Albano Larrea (68), entonces Secretario del Juzgado de Instrucción 25 a cargo del fallecido Nerio Bonifatti, sede en la que tramitó la investigación del secuestro de Macri. 

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°19 de la Capital Federal, integrado por Alberto Ravazzoli, Horacio Barberis y Raúl Llanos. La audiencia comenzará mañana a las 10:00 con el alegato de la querella de Bayarri, representado por el abogado Carlos Pérez Galindo. Luego expondrá el fiscal Marina, quien para este debate contó con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Por el secuestro y torturas que tuvieron por víctima a Bayarri, y por las irregularidades procesales convalidadas durante los casi 13 años que estuvo detenido, el Estado Argentino fue condenado el 30 de agosto de 2008 por la Corte IDH en el caso 11.280, caratulado “Bayarri vs. Argentina”.

En esa instancia se tuvo por acreditado que se violó el derecho a la libertad e integridad personal de Bayarri, sus garantías individuales en cuanto al debido proceso y debida protección judicial (por la falta de resolución pronta y definitiva de la denuncia por tortura y privación ilegal de la libertad) y también que el Estado incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia los hechos denunciados.

El caso

Juan Carlos Bayarri y su padre Juan José fueron abordados en su automóvil el 18 de noviembre de 1991 cuando estaban parados aguardando el paso del semáforo en la intersección de las calles Centenario Uruguayo y Avenida Mitre de Sarandí, partido de Avellaneda. "Fueron interceptados por dos o tres automotores de donde bajaron varios individuos, portando armas largas y de puño", señaló la fiscal de instrucción Gladys Nancy Romero en el requerimiento de elevación a juicio.

Los civiles, se comprobó en la causa, eran miembros de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA. Los funcionarios luego hicieron constar que lo habían detenido al día siguiente en el barrio de la Boca.

Sin embargo, Juan Carlos Bayarri fue conducido a un lugar que sus captores denominaron "Pozo", donde permaneció hasta el 20 de noviembre, tras lo cual fue llevado a la División Defraudaciones y Estafas.

La Fiscalía dio por acreditado en la instrucción que durante su cautiverio Bayarri fue torturado mediante asfixia con una bolsa de plástico que le cubría la cabeza, tormento denominado "submarino seco", "además de aplicación de golpes a mano abiertas en ambos oídos, golpes de puño en distintas partes del cuerpo, un golpe de puño en el oído derecho que le ocasionó una hemorragia y la perforación del tímpano, así como también tales golpes le provocaron lesiones en el rostro".

El 22 de noviembre de 1991, los policías dejaron constancia de que Bayarri les había solicitado declarar "para aliviar su estado de conciencia". Los funcionarios de la Policía Federal también dejaron asentado que el detenido había manifestado que "no aguantaba más y quería comenzar a cumplir la pena por su participación", en diferentes secuestros extorsivos.

La Fiscalía logró establecer que tanto durante su captura, como luego en el cautiverio, los tormentos y la falsa confesión actuaron los policías hoy acusados, junto a otros que fallecieron a lo largo de estos años. En tanto, la participación del secretario Larrea -y la del juez Bonifatti- en los hechos, según la acusación, estuvo signada por su inacción ante "las visibles lesiones que el nombrado presentaba en su rostro" al momento de la indagatoria.

Incluso, en la causa quedó constancia de que un médico forense, a quien se había encomendado revisar a Bayarri por las lesiones en los oídos, consultó al juzgado si debía extender los exámenes a una biopsia de piel para constatar las posibles torturas con corriente eléctrica. El juzgado le ordenó que su deber era circunscribirse a lo que se le había requerido y no hubo peritaje al respecto.