El fiscal general del Chaco, Carlos Amad, y el secretario de la fiscalía, Marcelo Burella, participaron el viernes de un allanamiento al pabellón 8 de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, Prisión Regional del Norte, donde secuestraron una pequeña sierra que presuntamente había sido proporcionada por agentes penitenciarios a un interno para que, con ella, se procurara la confección de una "faca" que le permitiera lesionar a otro joven privado de su libertad, a cambio de agilizar al agresor los trámites para su traslado a un penal de la provincia de Buenos Aires.

La rápida acción de la fiscalía y el juzgado federal derivó en la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ordenar el "resguardo físico" y el traslado a otro penal del interno que hizo la denuncia. No obstante, el joven sigue detenido en el norte del país, a disposición de ese tribunal porteño, que aún no efectivizó la orden.

Idéntica situación ocurre con los dos jóvenes torturados en aquél penal del Chaco -uno de ellos, además, abusado sexualmente- cuyo traslado a Ezeiza dispuso el viernes pasado el juez de Ejecución porteño Axel López, por pedido del titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, y de la defensa pública de las víctimas.

Córdoba refirió a Fiscales que "la situación es muy grave", dado que aquellos dos jóvenes "siguen uno en Formosa y otro en Saenz Peña", donde habían sido derivados tras la denuncia y constatación de las lesiones por parte de los fiscales chaqueños Amad y Diego Vigay.

"El Servicio Penitenciario Federal dice que serán trasladados en cuanto llegue el camión de traslados, pero lo cierto es que siguen confinados", remarcó el titular de la Procuvin.

"Nosotros insistimos, el juez dispone, el SPF dice que hará lo posible, pero no cambia la situación de las víctimas. Es lo preocupante de este sistema de crueldad, que a veces da la sensación de que los poderes de fiscales, jueces, y hasta autoridades penitenciarias están impedidos de incidir sobre la situación de dos personas a las que se encarceló, confinó y torturó", apuntó Córdoba.

"La dificultad de esa incidencia concreta resulta desafiante a la legalidad y no se la puede asignar a la casualidad, ni a un impedimento. Sigue mediando una despreocupación por la integridad de esas personas, que no son presas de un sistema sino que son destinatarios de decisiones, actos, y conductas de funcionarios públicos. El balance de ese caso hasta el momento es que la violencia y lo fáctico se sigue imponiendo a lo legal, a costa de la integridad de las víctimas", añadió.

Crimen por encargo

El allanamiento fue ordenado el viernes por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, y se llevó a cabo entre las 15 y las 19. Amad y Burella entrevistaron durante el procedimiento a cinco internos, entre ellos el denunciante, quien proporcionó la sierra que presuntamente le habían dado agentes penitenciarios para que cortara un barrote y confeccionara una faca para lesionar a otro detenido. La sierra se encontraba oculta en una doble costura de la ropa del interno.

El fiscal Amad había requerido el mismo viernes 14 el allanamiento con urgencia por "la necesidad de asegurar la prueba, evitando se frustre el hallazgo de los elementos consignados que podrían resultar de suma importancia a efectos de acreditar los extremos del hecho denunciado". Amad narró en su presentación que en la fiscalía se recibió el llamado de un interno alojado en el pabellón 8, quien "manifestó que recibió de parte del personal del Servicio Penitenciario una sierra corto punzante con la finalidad de lesionar a otro interno alojado en el mismo pabellón, ello a cambio de agilizar su traslado a la provincia de Buenos Aires".

En esa línea, el fiscal solicitó a Skidelsky el allanamiento y el secuestro de la sierra "ante la posibilidad de encontrarnos frente a un hecho criminal, a los fines de poder contar con los elementos conducentes a su comprobación".