El fiscal federal de Resistencia, Federico Carniel, solicitó que se investigue a 31 penitenciarios de la Unidad 7 de esa ciudad, entre quienes se encuentra el jefe del establecimiento, por su presunta participación en apremios ilegales contra la población carcelaria alojada en tres pabellones.

Carniel formuló un requerimiento de instrucción ante el juez federal Carlos Skidelsky en base a denuncias recogidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y por la fiscalía en diferentes visitas al penal. Los internos denunciaron malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales. 

Por esa razón, Carniel requirió el miércoles pasado que se instruya una causa por apremios ilegales cometidos por miembros del Servicio Penitenciario Federal de la Unidad 7, a quienes en principio imputó como autores de ese delito, y a su director,  Pedro Amargan, por la “comisión por omisión”, es decir, no haber evitado los apremios.  

En huelga de hambre

El requerimiento de la fiscalía tiene origen en una nota suscripta por los internos del Pabellón N° 8, presentada por la PPN en la fiscalía. Los detenidos habían también dirigido un escrito a Amargan comunicándole que comenzaban una huelga de hambre “hasta tanto se solucionen los problemas generados por malos tratos del personal de requisa y la falta de interés de distintas áreas de atención, como ser: adelantamiento de fase, repeticiones de calificaciones, estancamiento de beneficios que deberían obtener por ley, grave aplicación de sanciones disciplinarias a internos que no la generaron”.

Otro documento similar fue remitido a la fiscalía, pero relativo al Pabellón N° 13. Ante esas revelaciones, el 20 de septiembre el fiscal Federico Carniel se presentó en la Unidad y mantuvo entrevistas con los detenidos, quienes ratificaron los hechos denunciados.  Y una vez allí, al notar la presencia del magistrado, los internos del Pabellón N° 3 solicitaron un encuentro y denunciaron lo mismo.

Una de las denuncias al personal de requisa consigna el “robo y destrucción de sus objetos personales, entre ellos, fotos, cartas de sus familiares, [y] sustracción de tarjetas telefónicas”. En otra se señala que les rompen los electrodomésticos, televisores, grabadoras y que les sustrajeron camperas.

Las requisas

Los denunciantes relataron que la requisa comienza con personal penitenciario “tocando el silbato, ubicándose a todos los internos en el fondo del pabellón, con las manos en la nuca y los pies juntos mirando hacia la pared. Relata T. que en ese momento se encontraba al lado de la última cama del pabellón, en el medio. Que en el momento en que esperaba su turno para seguir con el procedimiento, consistente en ir hasta la manta que se encontraba a la entrada del pasillo, siente que uno de los guardias le pega tres o cuatro palazos en el lado del hombro, diciéndole que se pare bien, a lo que el interno contesta ‘bueno, pero no me pegue’, lo cual derivó en el traslado a la celda denominada Buzones, debiendo permanecer allí durante tres días sin motivo alguno”, señaló la fiscalía en el requerimiento de instrucción.

Un acta labrada por personal de la fiscalía refiere que los más de cincuenta internos integran uno de los pabellones durante las requisas "deben ubicarse en un rincón del pabellón contra la pared y con las manos en la nuca, todos apretados, teniendo absolutamente prohibido mirar al personal encargado".

Los internos agregaron ante la fiscalía que, si bien en el penal hay cámaras de seguridad, los penitenciarios "borran todo lo que no les conviene".

"Otros internos toman la palabra relatando que uno de ellos, un señor de edad había solicitado audiencia al Jefe de área, quien posteriormente lo amenazó de muerte, lo que provocó en él un ataque de nervios", refiere el acta.

Carniel considera en su presentación que en principio el personal del Servicio Penitenciario Federal involucrado en esas conductas incurrió en el delito de apremios ilegales, en grado de autor, aunque deja abierta la puerta de que en el futuro se pueda ampliar la imputación o recalificar los hechos "teniendo en cuenta que se encontrarían involucradas 'serias prerrogativas constitucionales'".

En cuanto al director de la Unidad, prefecto Pedro Amargan, Carniel señaló que la imputación que se le atribuye es “comisión por omisión” porque "lejos de evitar el resultado, omitió prestar el debido auxilio a aquellas víctimas, como así tampoco realizar la denuncia pertinente ante la conducta de sus subordinados o en el peor de los casos aplicar las sanciones correspondientes”.

Por último, el fiscal requirió una serie de medidas de prueba tendientes a lograr la identificación de los responsables a quienes, el juez deberá indagar oportunamente.

La Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal es uno de los penales que está en el centro de la atención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Desde su creación en marzo de este año, la Procuvin y los fiscales de la jurisdicción ha impulsado allanamientos, pedidos de detención de penitenciarios por torturas y una investigación en la que se busca dilucidar si se encargó el crimen de un interno, entre otras.