29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
La Procuvin asistirá al fiscal Julio César Castro
Dos penitenciarios, a juicio por torturas en la Alcaidía de Tribunales
El hecho ocurrió en agosto de 2010, cuando los guardiacárceles golpearon y abusaron a un detenido que había sido llevado para que lo revisaran los médicos por una golpiza sufrida en otro penal. La querella calificó los hechos como torturas.

Dos agentes del Servicio Penitenciario Federal comenzarán a ser juzgados desde mañana por las torturas infligidas a un detenido en la Alcaidía de los Tribunales porteños en 2010, cuando aguardarba su traslado a la cárcel de Marcos Paz. Los acusados son Héctor Miguel Aguilar de 40 años, encargado entonces de la sección requisas de la Unidad 28 del SPF; y Jorge Raúl Rolón de 38 años, a cargo del turno en la madrugada del 6 de agosto de 2010, cuando el joven M.L.M. fue golpeado y abusado.

En la causa fue acreditado que la agresión se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en el hall principal de la Alcaidía de la calle Lavalle 1337, durante el traslado desde el Cuerpo Médico Forense a una celda. "Procedieron a desvestirme y arrojarme al suelo, para luego aplicarme golpes en distintas partes del cuerpo, mientras Rolón me introducía un palo de goma en el ano", relató la víctima. El testimonio figura en el requerimiento de elevación a juicio presentado por los abogados del joven quien es querellante en la causa.

"Sufrí hematomas en el cuero cabelludo, en el pabellón auricular izquierdo, hematomas en frente, en muslo, en rodilla y tobillo izquierdo, como así también un desgarro anal", anadió en el escrito, que reseña entre otras pruebas los peritajes médicos que constataron cada una de las lesiones.

M.L.M. había sido trasladado desde la cárcel Federal de Marcos Paz hacia la Unidad 28 del SPF (conocida como Alcaidía) . En la sede de Tribunales debían revisarlo los profesionales del Cuerpo Médico Forense por las lesiones que le habían provocado golpes sufridos en el penal. M.L.M. luego realizó la denuncia por los hechos que ahora se ventilarán en debate oral y público y, en ese contexto, un juez prohibió que la víctima fuera trasladada nuevamente al lugar donde fue torturado. Pese a eso, el SPF lo envió a ese lugar en dos oportunidades más. En una de ellas, el joven se reencontró con sus victimarios.

En su requerimiento de elevación a juicio, la víctima, quien será representada por el defensor oficial Horacio Nager, calificó los hechos como imposición activa de tortura y acusó a ambos penitenciarios en carácter de coautores. Pero el fiscal de instrucción José María Campagnoli pidió la elevación a juicio por el delito de apremios ilegales agravados, con una escala penal sensiblemente menor. La acusación del fiscal prevé penas de 2 a 6 años de prisión, mientras que las torturas se encuadran en una escala de entre 8 y 25 años.

De todas formas, las cuestiones vinculadas a la calificación de los delitos son siempre materia de discusión en una nueva instancia judicial, como probablemente ocurra en el presente caso.

La Procuvin constató que hasta hace pocos días los dos penitenciarios imputados, quienes llegan al juicio en libertad, prestaban funciones en el lugar y, por esa razón, la procuraduría informó la situación la Dirección del SPF. El Ministerio de Justicia informó que ordenó que los dos efectivos fueron separados de sus funciones.

El juicio se llevará a cabo este miércoles y viernes a partir de las 9.00 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9, integrado por los jueces Luis María García (presidente), Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez. Por parte del Ministerio Público Fiscal, actuarán el fiscal Julio César Castro y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, cuya intervención en el debate fue dispuesta ayer por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución MP 426/2014, a pedido de Castro.

Un habeas corpus interpuesto el año pasado por la Procuvin y fiscales federales visualizó las condiciones infrahumanas de encierro en esa unidad carcelaria ubicada en la misma sede que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y forjó la reducción de la cantidad de personas encerradas y mejoras en la infraestructura.