La fiscal de Villa María, María Virginia Miguel Carmona, adhirió a un habeas corpus correctivo colectivo presentado por la defensa oficial para que el juez federal dicte "una resolución por la cual se prohíba el uso de cadenas como modo de sujeción de las personas detenidas en los establecimientos penitenciarios cordobeses".

En el dictamen la fiscal consideró además que debería ordenarse al Servicio Penitenicario de Córdoba que "se arbitren las medidas para proveer de elementos de seguridad vial a los vehículos en los que se trasladen a las personas privadas de su libertad, de modo que no se ponga en riesgo su integridad física".

La acción de habeas corpus fue interpuesta por la defensora oficial María Luz Felipe en favor de cinco detenidos y se solicitó su extensión a todos los privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de esta ciudad de Villa María.

La defensora cuestionó "la modalidad de traslado de detenidos adoptada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, la cual incluye el uso irrestricto de cadenas como modo de sujeción, las cuáles a su vez, se sujetan a un enganche que se encuentra fijo en la carrocería de los móviles de traslado, con ventilación mínima y candado en la puerta de acceso desde el exterior".

Por su parte, la fiscal Miguel Carmona en su dictamen refirió que esas circunstancias se "comprueban día a día en la praxis cotidiana, en la que se observa que el personal del Servicio Penitenciario de Córdoba traslada a los detenidos en tales condiciones, es decir, encadenados" y describió: "sin esposas o manillas, sino lisa y llanamente con gruesas cadenas que sujetan ambas manos".

"Evidentemente la grave connotación y el significado (real y también alegórico) de encadenar seres humanos, exhibe un trato indigno y cruel para quien soporta la privación de su libertad, aunque esta privación se encuentre legalmente impuesta", señaló Miguel Carmona.

La fiscal remarcó que este tipo de traslados, además, pone "en riesgo" la seguridad de los detenidos, dado que circulan "sin cinturones de seguridad" y al mismo tiempo están "atados (con esas cadenas) a los asientos del vehículo, de modo que en caso de acaecer un accidente de tránsito no sólo no estarán protegidos de los ocasionales golpes, sino que en caso de incendio o vuelco del vehículo tampoco podrán salir de éste para salvar su vida".

La fiscal concluyó que así "está demostrando un menosprecio por la integridad física de estos ciudadanos que no es dable consentir" y en ese sentido entendió que "existe en el caso un flagrante agravamiento de las condiciones de detención".

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el habeas corpus sea remitido al juez federal de San Francisco (Córdoba), dado que allí fue presentada con anterioridad una acción similar por parte de la defensa. "Una intervención judicial parcializada podría afectar el principio de igualdad al correrse el riesgo de resoluciones diversas o contrarias entre sí", indicó.

El habeas corpus fue interpuesto pocos días después de que el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, secuestrara durante una visita sorpresiva cadenas utilizadas para sujetar a personas privadas de la libertad en el penal de San Martín, también dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.