El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y los fiscales ad hoc Fernando Vallone y José Nebbia denunciaron a jefes y celadores del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires por "las deficientes condiciones de infraestructura y de higiene que presenta el lugar, lo que constituye un agravamiento de las condiciones de detención", que encuadraron en el tipo penal de tortura. Las víctimas son 130 personas alojadas en los pisos 2 y 4, correspondientes al módulo 5 del penal.

En paralelo, los fiscales presentaron junto al fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico, Abel Córdoba, un habeas corpus en favor de los reclusos afectados: "Entendemos que se presenta un escenario de riesgo que pone en crisis la integridad física, la salud y la dignidad de las personas allí alojadas", remarcaron. En ese sentido, requirieron la realización de una serie de medidas, como la concreción de tareas de higiene y modificación de la infraestructura, la presencia de médicos y "la provisión de cantidad y calidad adecuada de alimentos". El juez nacional Manuel Gorostiaga, en efecto, ya ordenó una inspección judicial para esta tarde y fijó audiencia para mañana en el marco del habeas corpus.

El mes pasado, la Procuvin estuvo en la cárcel durante 24 allanamientos simultáneos dispuesto en otra causa en la que se investigan, justamente, irregularidades en la provisión de los alimentos.

El habeas corpus, que recayó en el Juzgado de instrucción N°1, y la denuncia penal, que quedó radicada en el Juzgado N°42, son consecuencia de una visita realizada este martes al complejo penitenciario situado en Devoto en el marco del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, que preside el juez de la Cámara de Casación Federal, Gustavo Hornos, y que integran magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, entre otros organismos.

"Tanto por los propios dichos de los detenidos allí alojados, como por lo que pudo apreciar la comisión que inspeccionó el sitio, surge como una preocupación evidente las deficientes condiciones de infraestructura y de higiene que presenta el lugar, lo que constituye un agravamiento de las condiciones de detención", indicaron en el habeas corpus.

En la denuncia penal, en tanto, describieron que en el piso 4, que aloja a 82 personas, el Servicio Penitenciario Federal "sólo provee tres botellas de lavandina y de detergente por mes", que "sólo cuentan con dos secadores y dos escobas" que están "rotos y en mal estado" y que "no les proveen guantes, trapos, esponja, etc., motivo por el que las personas allí alojadas intentan suplir estas carencias mediante insumos que puedan brindarles sus propios familiares o los que adquieren en la proveeduría del penal".

Al cuadro, indicaron, se suma que "la basura no es regularmente retirada del pabellón" y que se la deposita "en una de las celdas, sin puerta". "No se arroja en bolsas sino directamente en unos tachos que además se encuentran rotos, por lo que la basura se filtra. Todo esto conlleva que los residuos se pudran y se reproduzcan hongos, gusanos y cucarachas, así como un olor nauseabundo", precisaron.

Los fiscales además señalaron la falta de infraestructura en la cocina, donde sólo existen tres artefactos que hacen las veces de hornallas y donde se verifica la falta de utensilios y el mal estado de los pocos con los que se cuentan. El espacio, que carece de heladera, "se encuentra en malas condiciones de limpieza, observándose suciedad y humedad en las paredes y techos" e "infestado de cucarachas".

La alimentación "solamente alcanza para cubrir una comida diaria" y "no se brinda desayuno ni merienda". En tanto, el baño, que usan las 82 personas del piso 4, "sólo cuenta con dos inodoros y tres duchas, todos los cuales funcionan de manera deficiente y se encuentran sucios", y "ninguno cuenta con puertas que resguarden la intimidad de quienes los utilizan".

Las celdas tampoco tienen puertas, razón por la cual "los detenidos cuelgan sábanas o elementos similares para obtener un mínimo grado de intimidad". "Muchos detenidos carecían de colchón, sábanas o frazadas y en el caso de los colchones existentes los mismos presentaban un nivel de deterioro que no los hacía aptos para el descanso de una persona y que pueden provocar problemas de salud en las personas obligadas a su uso", destacaron. Los reclusos salen del pabellón apenas dos veces por semana, cuando visitan el patio del módulo.

Hubo personas que en entrevistas confidenciales declararon que, en ese contexto, "al médico de planta no se le conoce la cara". Parte de la población carcelaria de ese sector, indicaron los fiscales, sufre "afecciones de larga data y que no habían sido tratadas, como hongos y problemas respiratorios".

En todos los aspectos la situación es similar en el piso 2, que alberga a 48 personas, con una distinción: "El área en la que se encuentran los calefones sufre permanentes pérdidas de agua que nunca fueron reparadas, lo que conlleva que ese sector y muchas veces todo el pabellón, incluyendo las habitaciones, se inunden".

Es tortura

Los fiscales encuadraron "las condiciones inhumanas" del lugar "insalubre" y el "destrato dispensado", que se pone de manifiesto con "la falta de higienización y de obras que reparen los elementos deteriorados" como "constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos".

En ese sentido, imputaron al jefe del Módulo V, a los jefe, sub jefe y director de Tratamiento del penal y a los celadores de los pisos 2 y 4 del mismo módulo.

En la fundamentación, los fiscales citaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, recordaron que "la configuración del delito de tortura por condiciones de detención inhumanas fue establecida en varios precedentes de tribuales federales en los casos en la que se juzgó la conducta de los responsables de los centros clandestinos de detención utilizados en el plan sistemático de desaparición de personas implementado por la última dictadura militar".

"Todas las autoridades del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires conocen y saben que en esa prisión existen lugares en estas condiciones en donde se alojan personas detenidas; y por las propias características del lugar, tienen que tener conocimiento de la imposición de sufrimiento psíquico y físico que implica someter a alguien a un hábitat semejante", argumentaron.