El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, junto a los fiscales ad hoc José Nebbia y Fernando Vallone, denunciaron al jefe, al subjefe y al director de tratamiento del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz "por la posible comisión del delito de tortura" a raíz de las condiciones de detención padecidas por las personas detenidas en el Pabellón I, Modulo I, donde se registró un brote de sarna. Los representantes del MPF fundaron su denuncia en las “deficiencias de infraestructura, sanitarias, de alimentación, acceso a la salud, acceso a la justicia, a actividades educativas y de esparcimiento” registradas en el penal. Según destacaron los fiscales, los testimonios tomados dentro del penal refirieron la presencia de ratas que inclusive llegaron a morder a una de las personas privadas de la libertad. La causa quedó radicada en la Secretaría N°10 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3, a cargo del juez Juan Pablo Salas, donde además fue presentado un habeas corpus a viva voz por los funcionarios de la Procuvin Lucas Logioco y Juan Introzzi, para resguardo de la salud de los detenidos.

Según la presentación, en el centro de detención se “vulneran los derechos fundamentales de los detenidos, afectando su vida e integridad” y “se constataron las pésimas condiciones edilicias de mantenimiento e higiene del pabellón, que estaba en gran parte de su superficie inundado y lleno de basura”.

En la denuncia, además, los representantes del Ministerio Público detallaron que algunas de las personas privadas de la libertad sufrieron un brote de escabiosis (sarna humana); padecieron los efectos que produce en la salud la escasez del acceso al agua potable; no recibían asistencia médica, y eran mantenidos en estado de aislamiento.

La procuraduría especializada destacó que las autoridades del establecimiento “tienen que tener conocimiento de la imposición de sufrimiento psíquico y físico que implica someter a alguien a un hábitat semejante” y afirmaron que “la imposición del alojamiento de estas personas bajo las condiciones relatadas implica un acto de tortura”.

En la presentación, la Procuvin citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala al Estado como “garante de los derechos de los detenidos en los establecimientos de detención. Esta situación tiene fundamento en que las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél”.