El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina dispuso ayer la detención de nueve agentes penitenciarios por considerarlos coautores de las torturas impuestas a dos jóvenes detenidos en el Complejo Federal N°1 de Ezeiza en la noche del 9 de diciembre de 2007. La decisión se produjo en el marco del histórico caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había condenado en 2013 a la República Argentina por haber fijado penas de prisión perpetua por delitos que los acusados cometieron cuando eran menores de edad, entre ellas las víctimas de esta causa, y por no haber investigado los crímenes que sufrieron intramuros.

De esta forma, Santa Marina, quien subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a la petición del fiscal Sergio Mola y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). En marzo, Mola y Abel Córdoba habían pedido la detención de los nueve uniformados tras haber requerido en julio de 2014 la reapertura del caso en el que se investigan las torturas contra los dos jóvenes que estaban detenidos en el penal federal de Ezeiza.

El caso había sido cerrado poco después de los hechos, en enero de 2008, y obtuvo sentencia de la Corte Interamericana el 14 de mayo de 2013. En ese pronunciamiento del máximo tribunal regional, se condenó a la Argentina "por las violaciones de derechos humanos cometidas al haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia". Además, se declaró al Estado "responsable internacionalmente porque los códigos procesales penales aplicados en los casos de dichas personas no permitían una revisión amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior; por la falta de adecuada atención médica a uno de los niños mencionados; por haber sometido a dos de las personas referidas [las víctimas de este caso] a actos de tortura, sin haber investigado estos hechos adecuadamente, y por no haber investigado adecuadamente la muerte de uno de aquéllos mientras se encontraba bajo custodia estatal".

Tras la reapertura del caso, los detenidos desde ayer son el entonces inspector de servicio de la Unidad Residencial II, Rubén Oscar Constantin; el encargado de requisa, Jorge Enrique Puppo; el auxiliar de requisa, Víctor Darío Salto; los ayudantes de tercera Dante de Jesús González y José Inocencio Porcel; los ayudantes de cuarta Sergio Orlando Butof y Sergio Hernán Giménez, y los ayudantes Mauro Daniel Cafferata y Pablo Andrés Jara.

La detención de ocho de los nueve agentes fue efectuada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en diferentes lugares del conurbano bonaerense, mientras que el restante fue detenido en la provincia de Santiago del Estero. Salvo Porcel, quien con el tiempo pasó a desempeñarse en la Unidad Penal 35 de Colonia Pinto, en la provincia mediterránea, el resto de los imputados continuaba prestando servicios en la cárcel de Ezeiza.

Las víctimas de las torturas fueron dos adolescentes condenados a perpetua que ya eran mayores de edad cuando fueron sometidos a las torturas por los agentes penitenciarios en la noche del 9 de diciembre de 2007.

De acuerdo con su relato y el de otros testigos, a las 22:30 de aquella jornada el grupo de requisa ingresó violentamente al Pabellón B de la Unidad Residencial II -disparando sus armas- y golpeó a las personas detenidas. Los dos jóvenes fueron retirados y llevados a una "leonera". "Una vez allí los arrojaron al piso, boca abajo, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo, mientras las víctimas eran sujetadas por la fuerza", describieron Mola y Córdoba en su presentación. "Luego de retirarles el calzado por la fuerza, procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, práctica de tortura que se conoce como 'pata pata' en la jerga carcelaria argentina o 'falanga'", añadieron los fiscales en el pedido de indagatoria.

Los representantes del Ministerio Público agregaron que, en ese contexto, los penitenciarios "intentaron, sin quitarles los pantalones, introducirles los bastones, con los que eran golpeados, en el ano" y que "mientras realizaban las agresiones descriptas los interrogaban preguntando insistentemente '¿Dónde están los fierros?', a la vez que los amenazaban con bajar sus calificaciones".

El periplo terminó para las víctimas luego de un tiempo que no pudieron determinar pero que calcularon en horas. Los jóvenes fueron conducidos en calidad de sancionadas al pabellón, "previo paso por la enfermería para efectuar curaciones a las lesiones que [les] acababan de provocar, a la vez que [los penitenciarios] confeccionaron actuaciones administrativas dando una versión falsa de los hechos con el objeto de procurar la impunidad de sus actos".

Las torturas produjeron diversas lesiones en los cuerpos de las dos víctimas, la de mayor gravedad en el cuero cabelludo de uno de ellos, a quien debieron suturar. Todo quedó acreditado en informes médicos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de los propios profesionales del SPF y del Cuerpo Médico Forense.

"Pensás que se les puede ir la mano"

También, fue acreditada la tortura psíquica que sufrieron las víctimas. En la Fiscalía, una de las víctimas declaró: "Sentís que te llevan a la leonera para pegarte y eso te da miedo porque pensás que se les puede ir la mano y te matan, o que te quiebren los brazos o perder un ojo, por allí tenés miedo que se les vaya la mano. O que aparezcas colgado…".

Luego, agregó: "Me acuerdo que alguna persona me puso la rodilla en la espalda, cuando yo estaba tirado en el piso, esposado, boca abajo. Tenía uniforme y le vi las botas del servicio penitenciario. En ese momento siento que me sacan las zapatillas y me empezaron a dar con un palo en las plantas de los pies. Eso duele mucho, si gritas te pegan más fuerte diciendo que 'sos mariquita', así que tratás de aguantar y no gritar para que no te peguen. Mientras me pegaban en las plantas de los pies, el otro seguía arriba mío, con la rodilla en la espalda para evitar que me pudiera mover. Me pegaron en los tobillos. Esos golpes después te impiden caminar, porque no podes pisar".