“Hace 8 años, mi hermano cayó preso. En la familia no le había pasado a nadie, no teníamos conocimiento sobre eso. Aprendimos a comunicarnos con la justicia, con los penales. En este tiempo le pasó de todo, lo peor de lo peor. No sabíamos a quién recurrir: le pagamos a abogados hasta que no pudimos hacerlo más y nos quedamos únicamente con el defensor oficial”, relató Vanesa por teléfono.

En enero de 2014, una vez más debió lidiar con la desesperación de no saber qué hacer o a dónde acudir. Ese día, su mamá recibió un llamado desde la cárcel: su hermano Maxi había sido “molido a golpes por el servicio penitenciario de Olmos”. No podía respirar y creía tener las costillas rotas. No podía ver porque le tiraron gas lacrimógeno directamente en los ojos. “Alguien se solidarizó para llamar, seguramente otro interno, porque no podía ni ver los números”, recordó.

“Discúlpeme, pero no quiero que mi hermano se muera”

Era un fin de semana durante la feria judicial y en ningún lado era atendida. Conocía las tareas que realiza la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y se contactó: “Discúlpeme, pero no quiero que mi hermano se muera” fue la frase con la que abrió la comunicación. “Me contestaron inmediatamente, les dije que no sabía qué hacer. Dejé un número de teléfono por las dudas”.

En simultáneo, mientras Procuvin ingresaba el caso y lo ponía en conocimiento del juzgado local y el Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, Vanesa se dirigía hasta el penal en el que estaba alojado su hermano. “Decidimos plantarnos en la puerta y nos quedamos hasta la noche. Después de esperar por horas y escuchar que estaba bien, ingresamos. Alguien se acercó y dijo que era el jefe, que se hacía responsable. No nos cerraba”, explicó. “Era mentira, nunca me sentí tan humillada por el Servicio Penitenciario, nos mentían en la cara”.

La falta de respuestas no terminó allí: “Había gente que entraba y salía, que nos echaba. Terminamos otra vez en la calle, literalmente”.  Hasta que “salió una persona vestida con un ambo, que suponíamos era un enfermero o médico de guardia, y lo encaramos. No estaba enterado para nada del caso, pero le pedimos que por favor hiciera algo y se comprometió  a averiguar”. La espera continuó. Cuando el hombre volvió a salir, les dijo que “efectivamente estaba bastante lastimado”, pero sin heridas que lo pusieran en riesgo. Estimaba que había sido empujado por una escalera, arrastrado y padecía el gas que le habían tirado a los ojos.

El lunes, recorrieron los pasillos del juzgado, la defensoría y fueron al comité. Allí, les informaron que se habían comunicado con ellos desde la Procuvin y estaban al tanto del caso. Junto con la defensa oficial, firmaron un escrito en el que pedían que el tribunal tuviera en cuenta el traslado y se le brindara atención médica. Era imperioso que no volviera al mismo penal, donde estaban los agresores, y así se dispuso.

Un giro de 180 grados

Un año después, Vanesa se comunicó con la procuraduría a cargo del fiscal Abel Córdoba para agradecer “porque cuando uno está mal, necesita no sentirse solo”. “Parecía que era imposible, pero el panorama cambió 180 grados. Es como un sueño”, contó a Fiscales. Maxi goza desde hace un tiempo de salidas laborales -hace trabajos de pintura en obras- y 48 horas mensuales de salidas transitorias. Por otra parte, la causa iniciada contra agentes del servicio penitenciario bonaerense continúa su trámite en la justicia de La Plata, donde se está intentando localizar a un testigo que habría presenciado las agresiones.

Caso a caso

“Más allá de los dispositivos y las conceptualizaciones, el acceso a la justicia es la llegada a las víctimas, caso a caso” explicó el fiscal a cargo de la Procuvin, Abel Córdoba. Y el caso de Vanesa y su hermano Maxi da cuenta de ello: “El acceso a la justicia es un amparo en casos de riesgo. No es un cliché ni un lujo, es un derecho”.