El próximo jueves, indagarán al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, ante el Juzgado Federal N°2 de Salta a cargo de Miguel Antonio Medina. El jefe penitenciario señalado como coautor de la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal de Salta N°2 con la colaboración del Área de Corrupción de Fuerzas de Seguridad de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), abarca hechos sucedidos desde el año 2012 a enero de 2016, y tiene por eje el “régimen de hambre” que generaba graves padecimientos en los detenidos del Complejo Penitenciario Federal de NOA producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A.

El mal servicio se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado legítimo abono, por el que se pagó, en ese período, la suma de $42.799.317,87 a Servicios Integrales de Alimentación S.A

Ese mecanismo irregular de contratación ocupó el 68% de lo gastado para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante el año 2015. Los investigadores consideraron también que está demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación, que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario Federal en beneficio de la empresa.
Por ejemplo, un proceso licitatorio destinado a la adquisición de alimentos para cubrir sólo tres meses, demoró más de 18 meses, intencionalmente y por medio de diversas maniobras evidentemente dolosas, lo que permitió contratar con la empresa SIAL de manera irregular, con sobre-precios, en perjuicio de la administración pública.

Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario, se advirtió que existió sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de SIAL: las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Además, los costos del servicio se actualizaban “arbitrariamente”, incluso por encima de todos los índices de inflación.