29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Suman 150 desde su puesta en marcha, en marzo de 2013
En lo que va del año, Procuvin realizó 68 inspecciones a centros de encierro
La Procuraduría de Violencia Institucional relevó en un informe de gestión los monitoreos  hechos en cárceles, institutos y otras dependencias de la Capital Federal y el interior del país. Además, destacó que se trata de “una herramienta fundamental para la prevención de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) alcanzó -en poco más de tres años desde su creación en marzo de 2013- las 150 inspecciones a centros de encierro de todo el país, tanto para tareas de monitoreo y control como para la concreción de medidas judiciales y recepción de testimonios. En un informe de gestión, el organismo destacó que se trata de “una herramienta fundamental para la prevención de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y para la rápida obtención de prueba necesaria para una investigación eficaz”.

Entre febrero y octubre de este año, se realizaron 68 inspecciones a establecimientos de privación de libertad, a razón de un promedio de 7,5 monitoreos por mes. Los controles -distinguidos según los responsables de los establecimientos- fueron en un 77% dependencias federales -SPF y PFA-, 6% nacionales -en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF)- y el 14% a establecimientos penitenciarios provinciales en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

El informe hace hincapié en lo actuado durante el año en curso. Las intervenciones a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal fueron 52: el más monitoreado fue el Complejo Penitenciario Federal de Devoto (CABA) con 22; seguido por Ezeiza, con nueve, y Marcos Paz, con seis. También, se monitorearon establecimientos para alojamiento de mujeres -Complejo Penitenciario Federal IV de  Ezeiza y Unidad 31 (Centro Federal de detención de mujeres), de jóvenes adultos y alcaidías judiciales -con alojamiento mixto-.

Además, la Procuvin inspeccionó instituciones de alojamiento para niños/as y adolescentes por orden de jueces penales, relevando en dos oportunidades cada uno durante el 2016 al Instituto Agote y el Belgrano.

La Procuvin, creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución PGN 455/13, está actualmente a cargo del fiscal general Miguel Palazzani y en los dos primeros años fue conducida por su colega Abel Córdoba.

Denuncias y acciones legales

Los monitoreos hechos en 2016 originaron la presentación de veinte denuncias penales y otras veinte de hábeas corpus. Entre ellas, se destacan la denuncia y posterior seguimiento relacionada con los “retenes” de Devoto, que en mayo fueron clausurados tras un pedido de la Procuraduría. Allí, los detenidos no con contaban con baños ni acceso a agua, por lo que debían hacer sus necesidades fisiológicas en recipientes que ellos mismos fabricaban con botellas de plástico. Tampoco, contaban con insumos ni elementos para la higiene personal.  El régimen de vida implicaba un aislamiento grupal durante las 24 horas del día, sin contar con autorización para salir al patio o bien a otro espacio de esparcimiento y recreación. “Las condiciones instauradas eran inaceptables e implicaban la negación absoluta de todo tipo de derechos y la ausencia total del respeto a la dignidad humana”, recordó Procuvin en su informe.

En la inspección del Complejo Almafuerte de Mendoza, se constató la presencia de personas privadas de la libertad ubicadas en jaulas a la intemperie, sometidas a muy bajas temperaturas. La presencia de los funcionarios en el lugar permitió el cese inmediato de tales condiciones inhumanas de detención.  En otro monitoreo se advirtió la prácticas indebidas como el aislamiento prolongado de varias personas en celdas individuales.

Asimismo, las denuncias efectuadas en el Complejo de Marcos Paz dieron cuenta de la existencia de ratas, roedores y brotes de sarna.

Las dos últimas inspecciones se llevaron a cabo en la Alcaidía Judicial 28 de los tribunales porteños y en el pabellón de ciudadanos extranjeros del Complejo de C.A.B.A. En el caso de la Alcaidía se relevó la cantidad de personas alojadas teniendo en cuenta la prohibición de pernocte que rige en la Unidad de tránsito, y advirtiendo la necesidad de un riguroso control judicial sobre el tiempo y las condiciones en las que permanecen los detenidos procedentes de comisarías o convocados para diligencias judiciales. Y en relación a la población que corresponde a los ciudadanos extranjeros, se cursaron los pedidos a las respectivas autoridades diplomáticas del país de origen. En total diez representaciones administrativas de distintos países recibieron las solicitudes de sus ciudadanos en contexto de encierro.

Finalmente, la Procuvin explicó que “en todos los casos las entrevistas se realizan en forma confidencial, sin la presencia de personal penitenciario”, y que “las inspecciones son programadas sin aviso a las autoridades de los establecimientos”.