En tres años de funcionamiento, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) concretó 100 inspecciones a centros de encierro de todo el país, tanto para tareas de monitoreo y control como en la concreción de medidas judiciales, según consigna en un informe de gestión que se puede descargar al pie de esta nota. "Este organismo procuró afirmar su presencia en lugares de encierro a fin de efectuar una tarea preventiva así como reactiva en la intervención frente a las vulneraciones de los derechos humanos de las personas detenidas", expresa.

Casi el 70 por ciento de las inspecciones se llevaron a cabo en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, cinco en las del Servicio Penitenciario Bonaerense y doce en penales de Mendoza, Catamarca, Santa Fe, San Juan y Chaco.

Con eje en asegurar el acceso a la justicia y disminuir los niveles de impunidad en los ámbitos de encierro, también fueron inspeccionadas siete dependencias de Gendarmería, cuatro institutos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF), tres comisarías provinciales y un centro psiquiátrico privado.

Las inspecciones tuvieron como fin el monitoreo de las condiciones de detención y el cumplimiento de medidas judiciales. Durante los monitoreos se llevaron a cabo entrevistas a personas detenidas y recepción de pedidos y de necesidades, observación de documentación de condiciones de detención e intervenciones urgentes en situaciones de inminente afectación de derechos o integridad psicofísica de las personas.

En tanto, el cumplimiento de medidas judiciales incluyó el contacto personal con detenidos y detenidas, la recepción de denuncias penales, la realización de peritajes o la concreción de medidas probatorias y controles en el marco de habeas corpus en curso.

El 67 por ciento de los establecimientos inspeccionados por la Procuvin tiene población masculina, lo cual -explica el informe- "es congruente con la distribución del universo carcelario, que aloja principalmente a personas de ese género". Los lugares más inspeccionados fueron los complejos federales de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.

La Procuvin, creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución PGN 455/13, del 13 de marzo de 2013, está actualmente a cargo del fiscal general Miguel Palazzani y en los dos primeros años fue conducida por su colega Abel Córdoba.

El carácter preventivo

En las 100 inspecciones Procuvin intervino con 34 funcionarios y funcionarias de diferentes disciplinas que forman parte de su plantel y con 198 miembros de otros organismos, tanto judiciales y del Ministerio Público, como de control (ong, comités, procuraciones penitenciarias), periciales y de la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuracion General. "Ocho de cada diez inspecciones fueron realizadas conjuntamente con miembros de otras instituciones", destaca el informe.

"Es necesario que todos los operadores judiciales dedicados al derecho penal conozcan en forma directa y permanente la realidad de los espacios de encierro y puedan dimensionar las características del tránsito de una persona por el archipiélago carcelario", señala la Procuvin en sus recomendaciones, y explica al respecto que "la práctica judicial de inspecciones regulares a los espacios de detención promueve no sólo la detección de delitos y la consecuente reacción institucional frente a violaciones a los derechos humanos, sino que también implica una actividad de fuerte carácter de prevención general respecto de la potencial comisión de tales hechos".

Y, en ese sentido, pone de relieve que "el monitoreo debe superar la mera observación de los espacios de encierro" y que debe "acompañarse con la intervención, la respuesta a las víctimas y el seguimiento de los casos y la producción de información consistente que abone al debate en la materia".

Las acciones

La Procuvin informa que en las cien inspecciones realizadas "se verificaron una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad" y que frente a ello se llevaron a cabo diferentes medidas, impulsadas de acuerdo a la evaluación de cada caso.

En efecto, se realizaron informes a los jueces, defensores y fiscales a cuya disposición se encuentran las personas detenidas y entrevistadas; se interpusieron habeas corpus individuales y colectivos; se formularon denuncias penales; se participó en mesas de trabajo junto a múltiples agencias estatales; se instó a la cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes, proveyendo agua y alimentos, atención médica, vestimenta y acceso a la justicia; se promovió y concretó la clausura de pabellones durante inspecciones realizadas conjuntamente con funcionarios judiciales; y se logró la relocalización inmediata de detenidos en dependencias acordes a los estándares de derechos humanos.

El informe de la Procuvin también se detiene en las actividades concretadas en lo que va de 2016: en estos meses la Procuraduría realizó 21 inspecciones, todas ellas en seis unidades penales federales y en una de la provincia de Buenos Aires.