"Dentro de los dispositivos penitenciarios, la lógica del gobierno carcelario impone que los derechos sean tramitados y gestionados como beneficios, los cuales son concretados (o no) atravesando una 'cadena de sometimientos' que comienza con las audiencias, sigue en las provocaciones y en la indiferencia de los penitenciarios, y que en este caso en particular culmina en las lesiones autoinflingidas. Este recorrido está atravesado por un marcado signo de discrecionalidad respecto de la posibilidad de satisfacer la necesidad". La cita corresponde a un meduloso informe interdisciplinario realizado por los profesionales de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en base a un estudio sobre el Complejo Penitenciario Federal III del Noroeste Argentino, situado en Güemes, provincia de Salta, donde la tasa de personas encerradas que se autolesionan es la más alta registrada, con un nivel de 73 por ciento de reincidencia, es decir, de hombres y mujeres que más de una vez se cortaron a sí mismas, se cosieron la boca o cometieron algún acto contra su propia integridad para que atendieran sus reclamos, orientados en su mayoría a la necesidad de atención médica.

El 21 de agosto y el 1 y 2 de octubre pasado, profesionales de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social y abogados de la Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, y funcionarios de la Fiscalía Federal N°2 de Salta, se constituyeron en el penal para evaluar las condiciones en las que se encuentran encerradas las personas, dialogar con ellas en el marco de la confidencialidad y sin límite de tiempo, relevar informes de los profesionales penitenciarios y entrevistar a sus autoridades. Las conclusiones de ese trabajo fueron remitidas a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud de la Nación, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que funciona en la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal, a la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y a la Fiscalía N° 2 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Salta.

El trabajo institucional se inició a partir del diagnóstico realizado por la Fiscalía Federal N° 1 de Salta y en simultáneo con el trabajo realizado por las áreas de Violencia en Instituciones de Encierro y el área de Registro y Bases de Datos de la Procuvin, que relevó los hechos de violencia en lugares de encierro y las situaciones graves padecidas por los detenidos en el Complejo Federal.

El extenso informe elaborado por la Procuvin cita 19 entrevistas con hombres y mujeres encerrados en el CPF III y pone especial énfasis en la infraestructura y servicios de los sectores de asistencia médica (SAM) del penal, sobre todo porque la gran mayoría de las autolesiones fueron en reclamo de atención médica: "En 11 casos, lo que los detenidos señalan como el origen de las lesiones, es la falta de atención médica", consigna el informe.

En efecto, una de las conclusiones a las que arriba el trabajo tiene que ver con la constatación de ese déficit en el servicio médico, que "contrasta" con la dotación de personal y la calidad de la infraestructura: "Durante todo el tiempo en que recorrimos el SAM no vimos a ninguna persona detenida ser atendida ni a ningún profesional más que el médico de guardia, un médico psiquiatra y un enfermero. La inspección fue extensa y resultó un contraste llamativo la falta de actividad en el SAM en relación con la importante cantidad de profesionales de la salud que trabajan en el CPF III, la compleja infraestructura disponible y la gran cantidad de reclamos que las personas detenidas deben hacer para ser asistidos recabados en las entrevistas mantenidas".

La Procuvin también dejó constancia de que el resto de los reclamos que dieron origen a autolesiones fueron "de diversa índole", desde "el pedido de explicaciones por negación u obstrucción de permisos de visitas, por sanciones injustificadas (o cuyo causal no fue informado), y por reclamos insistentes de ser recibidos por distintas instancias administrativas del CPF III (sociales, judiciales por ejemplo)".

El trabajo de la Procuraduría analiza asimismo el contexto de encierro y señala que "el modo de administrar el régimen de vida por parte del SPF falta a sus obligaciones y es arbitrario", lo cual se vislumbra en episodios como "posibilitar [a los detenidos] el uso del teléfono en horarios en que no es posible hablar con la familia o con los defensores, regular la temperatura del agua con la que las personas se bañan, retrasar sistemáticamente la entrada de las visitas o dejar vidrios rotos expuestos frente a quienes se han autolesionado posicionando a las personas en un lugar de vulnerabilidad".

"Cortate bien"

Entre otras conclusiones, la Procuvin señala que "las autolesiones ocurren en todos los casos como consecuencia de demandas no canalizadas y que fueron planteadas en el establecimiento, es decir, no corresponden a hechos ajenos a la dinámica de funcionamiento del penal. Estas demandas se inscriben en el orden de la satisfacción de derechos básicos, como atención a la salud, visitas, o contacto con familiares".

Ante esos reclamos, el personal penitenciario no sólo no dio respuesta sino que alentó las autolesiones o las banalizó, según se desprende de los testimonios confidenciales. Frases como “eso es un simulacro, cortate bien”, ”seguite cortando, cortate el cuello” o “cortate el cogote, así no nos molestás más” fueron las respuestas que recibieron quienes se infligieron lesiones.

"Los testimonios evidencian tanto la acción explícita de incitar al corte como la omisión de toda acción preventiva por parte del personal penitenciario. Frente a la declaración manifiesta de la intención de cortarse, no existe en ninguno de los testimonios, mención alguna que refleje la intención de parte de las autoridades de evitar la acción autolesiva", remarca la Procuvin. En ese sentido, el informe pone de relieve que "la sensación recurrente en los testimonios es la bronca o la impotencia por la imposibilidad de ser escuchado. Los cortes son reacciones provocadas por la negación de la tramitación de las necesidades de parte de los responsables de darles curso efectivo a los reclamos".

Esos reclamos están mediados por los denominados "pedidos de audiencia", el paso burocrático que debe seguir cualquier persona encerrada a través del personal penitenciario, que es discrecional en su tramitación. También lo son los profesionales médicos de la institución cuando esos pedidos finalmente llegan a destino. Al describir las condiciones de uno de los SAM, la Procuvin indicó que "en una de las paredes está colgada una suerte de cartelera con sobres hechos de cartulina e identificados por especialidad médica o bien por el apellido del profesional a fin de guardar los pedidos de audiencia de las personas alojadas en la Unidad. Hay abundantes pedidos en cada uno de ellos".

La respuesta médica

Los profesionales de la Procuvin y de la Fiscalía Federal N°2 de Salta también evaluaron la documentación resguardada en los SAM sobre la atención que reciben las personas detenidas. "En todas las historias clínicas revisadas las descripciones clínicas son escasas, y no incluyen detalles de las lesiones. En ningún caso se exploran los mecanismos de producción ni las circunstancias que provocan las autolesiones", critica el informe. En efecto, resalta la falta de foliatura en muchas de ellas y refiere que "su contenido no guarda relación con la gravedad de los problemas de salud diagnosticados". Agrega que "muchas de ellas no están actualizadas y tienen últimas evoluciones de hace más de un mes, en personas incluidas en los programas de tratamiento en salud mental o que han padecido autolesiones sin dar cuenta que la intervención hubiera concluido".

El informe es crítico con "la perspectiva desde la que se evalúan" los casos de autolesiones por parte del personal de salud y cita textualmente algunas historias clínicas que, por ejemplo, refieren: “heridas cortantes en cara ventral del antebrazo que no comprometen la salud del interno” e “interno lúcido, colaborador, orientado en tiempo y espacio, presenta alambre interpuesto entre labio superior e inferior. Puede permanecer en celda individual de alojamiento".

En el análisis realizado por los profesionales de la Procuvin, "la descripción de la presencia de un alambre interpuesto entre los labios de una persona realizada por un médico sin más intervención del profesional que mencionarlo aporta un dato útil a fines administrativos de la cárcel. Señala que esa persona puede permanecer en su celda dejando a la vista cuál es la finalidad de la tarea de ese médico allí. Esta intervención desconoce la obligación ética y profesional para con la salud de la persona asistida y en cambio se limita a responder a la necesidad de la institución de decidir si seguir alojando a esa persona en la misma celda o cambiar su lugar de alojamiento".

Por otro lado, el informe también critica "la escasez de hipótesis diagnósticas" de los profesionales psicólogos y psiquiatras, y "la falta grosera a los requerimientos normativos contenidos en la Ley Nacional de Salud Mental", que se evidencia -entre otros aspectos- en la ausencia de "registros de entrevistas en profundidad que permitirían un correcto proceso diagnóstico". En relación con los evaluación psiquiátrica y psicológica, el informe critica que "se afirma insistentemente" la relación de las autolesiones "con la manipulación o lo que llaman la búsqueda de 'beneficios secundarios'". Este concepto forma parte de la teoría del psiquismo y en los informes de los profesionales penitenciarios se confunde con la expresión "obtener beneficios", del habla cotidiana y no profesional, señala la Procuvin. De tal forma, explica, "su utilización prejuiciosa permite ubicar a la persona que lastima su cuerpo como depositaria de toda la responsabilidad por su padecimiento sin consideración alguna de la influencia determinante del entorno en la producción de estos hechos".

Por eso, el informe de la Procuvin evalúa que "la utilización del concepto teórico de beneficio secundario asimilado al habla cotidiana en un escrito técnico como el elaborado desde el CPF III devela un modo de concebir el saber disciplinar de la psicología, la psiquiatría y la criminología como funcional a la lógica de segregación y estigmatización que aquí venimos señalando".

La "normalidad"

Al profundizar en el análisis del discurso médico de los profesionales penitenciarios, la Procuvin también puso de resalto "dos menciones que sostienen la concepción prejuiciosa y discriminatoria" y que figuran en un informe del servicio criminológico del CPF III solicitado por la fiscalía salteña. Ese informe dice: “Hay casos excepcionales de internos que se han cosido al boca, pero de manera que les permitía hablar y realizar sus tareas normalmente”. También sostiene que “para lograr sus objetivos es característico el uso de la manipulación" y que "las autolesiones son un medio para obtener lo que desean” pues les sirven "para manipular a la institución y a otras agencias externas".

En la evaluación de esos informes, la Procvin remarca que "sostener que una persona que ha cosido sus labios con algún elemento afilado puede hablar y realizar sus tareas normalmente resulta un ejemplo de naturalización de los graves atentados contra la integridad y la dignidad de las personas que suceden en el CPF III" y "que esa expresión sea suscripta por profesionales del campo de la salud resulta aún más escandaloso y falta a los principios bioéticos básicos".

Al respecto, los profesionales de la Procuraduría refieren que las menciones sobre “obtener lo que desean” o “manipular a la institución y a otras agencias” pueden hacer suponer que las personas que se autolesionan en ese lugar consiguen beneficios especiales, insumos extraordinarios o modificaciones de su régimen de detención que constituirían privilegios. Explicaron que, por el contrario, "todas las personas que entrevistamos y se habían autolesionado reclamaban luego de habérseles negado derechos fundamentales y el acceso a cuestiones altamente sensibles para las personas privadas de su libertad: el acceso a la salud, la efectiva atención médica, la posibilidad de ver a sus seres queridos o de tener información sobre las medidas disciplinarias de las que eran objeto".